|
La fiscal del Penal número 2 de Ceuta ha solicitado tres
años de prisión por un presunto delito de atentado ya que al
parecer el acusado, que se encontraba en el Centro Comercial
San Pablo, pidió dinero al agente que no estaba de servicio
y al negárselo comenzó a insultarlo e incluso amenazarlo de
muerte junto a su pequeña de dos años, quién acompañaba al
policía cuando realizaba unas compras.
Todo ocurrió el pasado 20 de octubre sobre las seis menos
veinte de la tarde en el Centro Comercial San Pablo. Un
agente de la autoridad, que no estaba de servicio, se
encontraba en el recinto junto a su pequeña de dos años
realizando unas compras cuando al parecer el acusado, “se
acercó a pedirme dinero y se lo negué. Entonces mostró una
actitud violenta, se encaró, yo intenté tapar a mi hija y
empezó a insultarme montando un espectáculo, llegándome a
decir que me conocía, que sabía que yo era policía y que me
iba a matar, a mí y a mi niña. Y además me arrojó un carro
con intención de hacerme daño”, declaró el implicado.
Por su parte el acusado alegó en la vista oral celebrada
ayer que “no lo conozco de nada, no tuve ningún altercado
con nadie, ni me encaré ni mucho menos lo amenacé”.
Después de escuchar las primeras declaraciones, el
magistrado, el letrado, la secretaria y la fiscal escucharon
las siguientes declaraciones sobre la siguiente intervención
tanto del denunciante como del acusado. “Tras el altercado
dejé a la pequeña en casa y llamé a unos compañeros para
localizar al acusado, pero no lo encontramos. Justo al día
siguiente me encontraba trabajando en el Ayuntamiento y lo
ví; junto a mis compañeros lo arrestamos tras haber
interpuesto la denuncia”, explicó el supuesto afectado. Sin
embargo el procesado alegó que “el policía fue el que me
amenazó y me dijo que me acordaría de este día toda la vida
y ahora tengo miedo porque puede ser que tome represalias
conmigo”.
Tras escuchar los alegatos de ambas partes involucradas en
los hechos, la defensa solicitó la libre absolución por
considerar los hechos no probados y el estatus del afectado
como agente de seguridad mientras que la fiscal pidió tres
años de prisión para el procesado, la inhabilitación del
derecho de sufragio y las costas procesales. El juez tomará
la última palabra que dictamine la sentencia final en un
periodo aproximado de unos quince días.
|
tribunales
