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Hace años que la Unión Europea se
han convertido en un referente a nivel mundial en lo que a
conciencia sobre el papel central que tiene el desarrollo y
fortalecimiento de las políticas sociales públicas como uno
de los principales indicadores que identifican a una
sociedad moderna. En el mismo Plan de Inclusión Social que
incorporó el año pasado el Gobierno de Juan Vivas a sus
Presupuestos Generales para este ejercicio se señalaba al
modelo social europeo como responsable directo del “vigor”
económico europeo y como una de las raíces imprescindibles
de la cohesión social “que ha permitido afrontar los cambios
estructurales constantes de nuestras economías y sociedades
sin crear grandes divisiones”. “Frente a este
reconocimiento, se considera que es necesaria una
intervención específica para erradicar el fenómeno de la
pobreza en Europa porque el mero crecimiento económico,
incluso sostenido, no es capaz por sí mismo de reducir
desigualdades o eliminar las situaciones de pobreza y
exclusión social”, advertía sin dudar el documento de la
consejería que dirige Carolina Pérez. Los tiempos, al menos
en lo que a la coyuntura económica vigente, han cambiado
mucho en apenas doce meses, pero el Ejecutivo local mantiene
en el borrador de sus Presupuestos para el año próximo, que
también se prevé cruento en términos económicos, su apuesta
por la política social como una de las patas básicas de su
acción. No puede ser de otra manera en una ciudad donde las
tasas de población por debajo del umbral de la pobreza
siguen siendo, pese a la disminución lograda, demasiado
altas, y donde sigue habiendo tantas personas necesitadas de
una ayuda pública para poder salir adelante con la dignidad
que merece y debe garantizar una sociedad desarrollada a
cualquier persona. La apuesta del Gobierno local por la
Política Social es acertada y todos, incluso la oposición,
debe reconocérsela. Y si puede ser, utilizar su derecho de
propuesta y alegación para intentar mejorarla o ampliarla
desde el diálogo constructivo.
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OPINIÓN / EDITORIAL
