Junto a su mujer y su hija Mª Soledad, Eduardo Florensa se
entrevistó con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan
José Imbroda, para exponerle que no se han producido
novedades en cuanto a su reivindicación de recibir los 2.500
euros del cheque-bebé. El Estado le deniega esta ayuda
económica porque su mujer tiene residencia legal en nuestro
país desde hace menos de dos años. Pero Florensa mantiene
que los trámites se alargaron en el tiempo y que su mujer
lleva más años en Melilla, de hecho ha dado a luz a dos
hijos más, uno de seis años y otro de cuatro.
En cualquier caso, este melillense denuncia los criterios
discriminatorios que se siguen para conceder esta ayuda,
puesto que mientras a la madre extranjera se le exige dos
años de residencia, no se ponen trabas si el padre es
extranjeros y lleva menos de dos años en el país.
En la reunión, el mandatario melillense informó a Florensa
de la imposibilidad que tiene la Ciudad Autónoma de llevar
este asunto ante el Tribunal Constitucional, por lo limitado
de sus competencias. No obstante, "yo sí voy a recurrir y
contaremos con los apoyos jurídicos de la Ciudad". Este
padre acudirá al alto tribunal por considerar que se han
vulnerado los derechos de su hija recogidos en la Carta
Magna. "Se incumple el artículo 14 donde dice que todos los
españoles somos iguales ante la Ley, y el 39, que habla de
la protección de la familia". No llega a entender Florensa
que a pesar de que tanto él como su hija son españoles, se
le deniegue esta ayuda.
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