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Antonio Benítez, responsable de CABED S.L., la firma que
contrató a once empresas ceutíes para realizar las obras de
la nueva sede del INSS, argumentó ayer ante el juez que no
ha podido cumplir con los pagos al haber rescindido
Ferrovial el contrato que unía a ambas partes. Por el
contrario, los letrados de la acusación particular sostienen
que Ferrovial realizó un pago de 550.000 euros al acusado y
que se desconoce donde ha ido a parar más de la mitad de
dicha cifra.
“Mi cliente tiene ánimo de cumplir con todo el mundo. El
pago a los proveedores de Ceuta está pendiente de la
liquidación con Ferrovial”, explicó ayer Manuel Montaño,
abogado de Antonio Benítez.
El gerente de Ferrovial declaró ayer como testigo en el
Juzgado Mixto número 4 de Ceuta, después de que lo hiciera
el propio Antonio Benítez. Según el abogado de este último,
Ferrovial reconoce que existe un adeudo con Tracobe. La
controversia existe desde hace tiempo por que “las partes no
se ponen de acuerdo”.
Hacía tiempo que nadie sabía nada de Antonio Benítez, el
hombre señalado por las once empresas ceutíes tras pasar los
meses e irse venciendo los pagarés extendidos por CABED. A
pesar de ello, parte del propio Antonio Benítez y su letrado
la iniciativa de personarse ante el juez de la causa. Según
Montaño su defendido se puso en contacto con él hace diez
días. En ese momento y ante las noticias en los diarios de
Ceuta el abogado contacta con un procurador y confirma que
Benítez tiene una denuncia. Es entonces cuando ambos acuden
al juez para que les cite. Cosa que ocurrió ayer.
Estafa es la palabra más utilizada por los representantes de
las once empresas ceutíes ante el adeudo de Antonio Benítez
y CABED. El letrado de este negó tajantemente que su
defendido sea un estafador al entender que el impago se
produce por circunstancias sobrevenidas después del acuerdo
con los proveedores de la ciudad, como es la rescisión del
contrato por parte de Ferrovial.
No hay mala fé
Otra de las condiciones que según la Ley deben darse en un
caso como este para no hablar de estafa es que no haya mala
fé desde el inicio.
La existencia de dos empresas (Tracobe y Cabed) entre
Ferrovial y las once proveedoras ceutíes es una de las notas
más controvertidas de este caso. Tracobe, la empresa con la
que contrata Ferrovial era por aquel entonces propiedad de
un hermano de Benítez. Además, según reconoció el abogado de
este, estaba bajo la duda al existir unos impagos que la
mantenían en el RAE (Registro de Afectaciones Impagadas).
Así, el propio Benítez decide ponerse como persona física y
crea CABED S.L., la firma que contratará a los once
proveedores ceutíes. “La decisión se toma para que constara
una persona que fuera solvente. Si hubiera tenido mala fé
habría creado otra sociedad en la que no apareciera por
ningún lado”, afirmó Montaño.
Otra de las motivaciones esgrimidas por la defensa para el
impago es la suerte que corrió Benítez al saltar a la luz el
conflicto en Ceuta. El letrado de la defensa lo explicó de
esta forma: “Mi cliente tenía distintas obras abiertas y por
el revuelo creado se le rescindieron todas y se ha quedado
sin fuente de ingresos”.
La otra cara de la moneda
Varios abogados de las acusaciones particulares del caso
estuvieron presentes en las declaraciones tomadas en la
mañana de ayer en los juzgados. Al parecer, según advirtió
el letrado Carlos García Selva, “el responsable de Ferrovial
ha dejado muy claro esta mañana que desconocía la existencia
de una segunda subcontrata y que sólo tenía conocimiento en
exclusiva de un empresa, Tracobe, y Antonio Benítez era el
administrador único de esa empresa”. El enfado por parte de
los letrados llega cuando el representante de Ferrovial deja
constancia de que esta ha pagado a Benítez el cien por cien
de la obra ejecutada y que sólo quedan pendientes unos
pequeños porcentajes.
Es entonces cuando los abogados tienen constancia de que
Benítez ha recibido 550.000 euros por parte de Ferrovial y
se preguntan: “Si ha pagado 20.000 euros a una empresa de
albañilería y otros 12.000 euros a una de materiales. ¿Qué
ha pasado con el resto, cuando se supone que Benítez no
puede hacer frente a los pagos pero hay una cantidad que
dónde está?”, explicó García Selva, representante de Gabay
Instalaciones Eléctricas y otra de materiales de
construcción. Otro de los interrogantes suscitados entre las
acusaciones es el cargo de Antonio Benítez como
administrador o apoderado en TRACOBE en la fecha de las
contrataciones con los proveedores ceutíes y que se
desconoce ya que “no ha querido responder a las preguntas de
los abogados, sólo del fiscal y el juez, y por ello
solicitaremos más documentos que justifiquen dónde ha ido a
parar el resto del dinero”, especificó. No todos se han
puesto de acuerdo al lanzar las acusaciones sobre Benítez
pero en su mayoría acudirán al procedimiento penal y
exigirán una condena por delito de apropiación indebida.
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El acusado no quiso responder a las preguntas de los
letrados
Antonio Benítez, responsable de
CABED S.L., sólo respondió a las preguntas formuladas por el
juez y el fiscal y se acogió a su derecho a no responder
ante las cuestiones planteadas por los letrados de las
acusaciones particulares. Estos, solicitarán para las
próximas declaraciones más documentación y sobretodo el
justificante de gastos de esos 550.000 euros que, según los
abogados, Ferrovial pagó al acusado y con los cuales abonó
cierta cantidad a una empresa de albañilería y a otra de
materiales. La resta, el dinero que falta, es la incógnita a
la que Benítez deberá responder en la próxima cita ya que
alegó que no podía hacer frente al resto de deudas porque
Ferrovial no le había abonado la cantidad necesaria.
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juicio
