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La Ciudad ha estado representada por el consejero de
Hacienda y presidente de Emvicesa, Francisco Márquez de la
Rubia en la sectorial de Vivienda celebrada en Barcelona. Se
trataba de aprobar la forma final en la que ha quedado el
borrador en el que se venía trabajando desde hacía cinco
meses con la participación de las autonomías donde la Ciudad
Autónoma ha logrado introducir aspectos claves como la
utilización de suelo dotacional para la construcción de
viviendas protegidas.
El Ministerio de la Vivienda y las Comunidades y Ciudades
Autónomas, reunidos en Barcelona, han celebrado la
conferencia sectorial de Vivienda con un único punto en el
orden del día: La aprobación de lo que será el Plan Estatal
de Vivienda y Rehabilitación 2009/2012.
El plan presentado hace una importante apuesta por la
rehabilitación y pretende facilitar que la existencia de
vivienda nueva sin vender pueda incorporarse a la vivienda
de protección oficial (VPO).
Además, entre otras medidas, se establece que la
clasificación de una vivienda como VPO en suelo protegido,
publico o dotacional tendrá un período mínimo de 30 años.
La ministra Corredor ha justificado esta medida porque ha de
servir “para garantizar un parque de viviendas protegidas
para las generaciones futuras”.
La apuesta por la rehabilitación se refleja incluso en el
cambio de denominación del plan, que a partir de ahora pasa
a denominarse “Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación”,
una iniciativa que, según Corredor, “ha sido aplaudida por
muchas CCAA”.
El Plan impulsa el alquiler para vivienda de VPO, regula la
fórmula del arrendamiento con opción de compra y crea la
figura de los alojamientos temporales para colectivos
vulnerables y específicos, como las mujeres maltratadas.
Destacable para Ceuta
El Plan previsto y que será aprobado finalmente, permitirá
acceder a ayudas, a líneas protegidas de actuación a
familias hasta 6’5 de IPREM, es decir familias que perciban
hasta algo más de 45.000 euros al año con el condicionante
de que la ayuda no suponga más de un tercio de los ingresos
familiares. Además se impulsa la promoción de viviendas para
alquiler. Es decir que entre los objetivos que persiga las
comunidades autónomas deberán incluir, al menos, un 40% de
construcción de nueva vivienda para el alquiler. Establece
como obligatoriedad en el plazo de un año a partir de la
vigencia del Plan disponer del registro públicos de
demandantes. Lo que quiere decir que solamente podrán
recibir ayudas y ser objetos de una adjudicación de una
vivienda protegida o alquiler de vivienda protegida,
aquellas personas que se encuentren registradas y sujetas a
las formas de adjudicación que se prevean para esos
registros públicos. De manera que se regulará quien o quien
no podrá estar incluido en la demanda de vivienda pública.
Por otro lado, en el Plan queda claro que las viviendas
protegidas afectan sólo al suelo considerado como protegido
y por otro lado incluye la posibilidad de que suelos no
residenciales (suelos dotacionales) puedan destinarse la
construcción de viviendas protegidas para el alquiler y para
colectivos vulnerables (familias monoparentales, familias
numerosas, mayores de 65 años, menores de 35 años...).
Además se refuerza la actividad de rehabilitación en todos
sus conceptos pero particularmente en zonas especiales como
áreas degradadas, áreas de infravivienda, cascos históricos,
o zonas especialmente necesitadas. Además mantiene algunas
de las líneas del plan anterior como el alquiler con opción
a compra, la reconversión de vivienda libre en vivienda
protegida para aquellos promotores que no consigan colocar
en el mercado que fueron iniciada como vivienda de renta
libre y mantiene las ayudas a los inquilinos (ayudas al
alquiler durante 24 meses y una renta determinada).
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reunión 
