La diputada del Grupo Socialista Mari Paz Ojeda compareció
ayer en rueda de prensa para instar al Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma a que busque terrenos y los ponga a
disposición del SEPES para dar comienzo al Convenio de
Vivienda. Así, ofreció la colaboración de su partido porque
"el 37% de la población está por debajo o muy próximo al
umbral de la pobreza".
La diputada del Grupo Socialista, Mari Paz Ojeda, instó ayer
al Gobierno de la Ciudad Autónoma a poner en marcha el, a
través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes),
el Convenio de Vivienda tras la correspondiente búsqueda de
terrenos. "En Melilla hay un acuerdo suscrito con el
Ministerio de Vivienda que no se ha desarrollado, por lo que
solicitamos al Ejecutivo local a poner a disposición de los
melillenses terrenos adecuados para ser edificados y
albergar vivienda protegida".
En este sentido, la socialista invitó al Gobierno melillense
a que "cumpla las promesas electorales" con las que el
Partido Popular (PP) se presentó a las elecciones
municipales de 2007. "El PP dijo que iba a construir 600
viviendas protegidas y no lo ha hecho", por lo que Ojeda
pidió que "se haga todo lo necesario para cumplir con el
Convenio de Vivienda". Es más, aseguró que los socialistas
melillenses "colaborarán, humildemente, porque, en Melilla,
la demanda de la vivienda pública es una demanda real y
creciente".
Y es que tal y como señaló la diputada local, la necesidad
de vivienda protegida es tan grande en la ciudad autónoma
porque "Melilla cuenta con un 37 por ciento de su población
viviendo por debajo del umbral de la pobreza", por lo que,
si no es a través de una vivienda protegida, muchas familias
"no van a poder acceder nunca a ese derecho constitucional
de una vivienda digna".
A preguntas de los periodistas, Ojeda explicó que los
técnicos del Ministerio de Vivienda rechazaron los terrenos
-barranco de Cabrerizas y la Huerta Embarek- ofrecidos por
la Ciudad Autónoma porque "no eran susceptibles de
urbanización y no iban a poder albergar vivienda alguna".
toda vez que "estos terrenos podían suponer peligro e
inseguridad".
Del Convenio, la socialista melillense rememoró que
contempla un "porcentaje importante" destinado a la vivienda
pública de alquiler, ya que, "si no se hace así, hay un
amplio número de familias melillenses que no reúnen los
requisitos mínimos para adquirir estas viviendas públicas",
toda vez que, según argumentó, "para la vivienda protegida
en compra hay que tener unos niveles de renta a los que
determinadas familias no llegan, quedando excluidos de ser,
si quiera, solicitantes".
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