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Las diligencias previas del proceso penal abierto por la
denuncia de CCOO contra el viceconsejero de Recursos Humanos
podría quedarse en nada si antes, y de ello está pendiente
ahora la Fiscalía, el Contencioso-Administrativo dictamina,
después de que UGT llevase el asunto del engrasador allí,
que su contratación fue legal.
Con todos los focos en la declaración de anteayer ante la
Fiscalía del viceconsejero de Recursos Humanos, Javier Díez
Nieto, y el jefe del Parque Móvil de la Ciudad, Rafael
Matres, el proceso penal que pudiera abrirse si se
encontrasen indicios de delito en la contratación de un
trabajador en abril como engrasador podría quedar en nada si
antes el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, adonde
llevó su denuncia contra este caso UGT, dictaminase que no
hubo ninguna irregularidad en la incorporación.
La Fiscalía, informaron ayer fuentes judiciales a este
periódico, no decidirá si traslada las diligencias al juez
por un presunto delito de tráfico de influencias o
prevaricación hasta que sucedan dos cosas: 1) que se pueda
tomar declaración al contratado, en cuya localización se
trabaja actualmente; y 2) hasta que se tenga conocimiento
exacto de cómo marcha el proceso contencioso-administrativo.
Fuentes de UGT explicaron ayer que este proceso permanece
“en un estado de tramitación etéreo” sin haber podido
formalizar aún su demanda “como en tantos otros casos
similares que se han quedado ahí”.
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denuncia
