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El 87 por ciento de los cerca de
1.100 docentes de Educación no universitaria de Ceuta
secundaron el paro convocado por su Junta de Personal para
mostrar su descontento por el “incumplimiento” del
Ministerio competente de varios puntos del acuerdo que ambas
partes suscribieron en marzo de 2006. El colectivo, hay que
recordar, reivindica que el Ministerio amplíe el número de
licencias por estudio que concede anualmente manteniendo las
retribuciones íntegras de quienes se acojan a ellas; que se
suscriba un seguro de responsabilidad con cobertura para
todo lo relacionado con la actividad docente y que la
Administración General del Estado se comprometa a actualizar
como máximo cada dos años el complemento específico que
perciben los profesores de Ceuta para que no pierdan poder
adquisitivo con respecto a sus homólogos que trabajan en
otras Comunidades Autónomas, donde las competencias
educativas ya están transferidas. Los profesores no
organizaron ninguna movilización paralela y sólo se
limitaron a no acudir a las aulas durante la primera hora y
media de clases. Consideran “intolerable” que el Ministerio
de Educación no haya aplicado dos años y medio después de
firmarlos tres puntos de su Acuerdo Básico. Hoy llega la
secretaria de Estado de Educación, Eva Almunica quien podría
recibir a los representantes del colectivo docente. Si bien
la Administración no parece estar preocupada por cumplir con
aquellas promesas, si es cierto que muestra preocupación -es
para tenerla- por el fracaso escolar en la ciudad. De hecho,
Almunica se desplaza a la ciudad para exponer las líneas
maestras del plan diseñado por su departamento para hacer
frente al fracaso escolar en Ceuta. Y es que nuestra ciudad
encabeza nada menos que con un 52 por ciento de alumnos, que
no llegan a obtener el título de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), la tasa de abandono a nivel estatal.
Además, la ciudad autónoma ha empeorado un 4,5 por ciento su
ratio desde el año 2000. Probablemente en el equilibrio esté
lo más justo. Los profesionales deben estar bien
retribuidos, pero puede exigírsele compromiso con su labor,
al tiempo que la administración no debería dejar pasar la
oportunidad de dar ejemplo, al resto de autonomías
competentes en Educación, de buena gestión.
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OPINIÓN / EDITORIAL
