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La obra pública constituye hoy día un importante porcentaje
de las actuaciones en materia de construcción. La
subcontratación es una realidad que existe. Por ello el
consejero de Economía y Empleo manifestó ayer que la Ciudad
estará vigilante para comprobar que la subcontratación con
la Administración autonómica se haga conforme a Ley.
El consejero de Economía y Empleo, Guillermo Martínez,
mostró ayer su “solidaridad” con las empresas ceutíes de la
construcción afectadas por los últimos casos de impagos por
parte de subcontratas. Este aprovechó la ocasión para
ponerse a disposición de las empresas locales que requieran
el asesoramiento o la ayuda de la Ciudad.
Antes el representante del Ejecutivo autonómico quiso dejar
claro que no existe responsabilidad alguna para la Ciudad en
el caso de las once empresas presuntamente estafadas por
Cabed S.L. Ferrovial es la empresa adjudicataria de las
obras de la nueva sede del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Otero. Ésta subcontrató a Tracobe.
Mientras, por el otro lado, otra subcontrata, Cabed,
contactó y convino la actuación con las once empresas
ceutíes afectadas.
Así, Martínez explicó que existe una normativa nacional, la
Ley de Contrataciones con las Administraciones Públicas que,
como su propio nombre indica, regulan los acuerdos
comerciales para la ejecución de obras entre empresas
privadas e instituciones públicas.
Respecto a la lucha en la que están enfrascadas las once
empresas ceutíes el consejero de Economía y Empleo lamentó
que por la información que tengo poco les va a quedar por
reclamar judicialmente lo que le corresponde.
Por todo ello, Martínez apostó por que las administraciones
estén “muy vigilantes” con la subcontratación para que esta
se haga de conformidad con la Ley.
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