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Los Secretarios Judiciales de Ceuta acordaron ayer adherirse
al comunicado realizado por el Colegio Nacional de
Secretarios Judiciales y la Unión Progresista de Secretarios
Judiciales, y secundar el paro convocado para el día 21 de
octubre de 10.00 a 13.00 horas salvo servicios mínimos en
solidaridad con su compañera sancionada por el ‘caso Mari
Luz’.
Los Secretarios Judiciales de Ceuta emitieron ayer un
comunicado tras celebrar una Junta en el que mostraron su
“solidaridad” hacia su compañera del Juzgado de lo Penal nº
1 de Sevilla Juana Gálvez Muñoz por la “desproporcionada
sanción” que, a su juicio, le ha impuesto el ministro de
Justicia por el denominado ‘caso Mari Luz’. Además, el
colectivo se adhirió al comunicado realizado conjuntamente
por el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales y la Unión
Progresista de Secretarios Judiciales que ha convocado un
paro de 10.00 a 13.00 horas el miércoles de la próxima
semana “ con suspensión de todas las actuaciones judiciales
que no constituyan servicios mínimos en las que intervenga
el Secretario Judicial”.
Además de “lamentar”, en el primer punto de su nota, “los
desgraciados acontecimientos acaecidos en el ‘caso Mari
Luz’”, el grupo de profesionales señaló con el dedo a “un
sistema judicial a todas luces obsoleto e ineficaz que se
prevé siga siendo así dada la pasividad del Ministerio de
Justicia, incapaz de dar respuesta al mandato constitucional
de tutela judicial efectiva” y denunció que “los Juzgados en
general y los Juzgados de lo Penal en particular soportan
una carga de trabajo totalmente inasumible” para la que “no
existe previsión alguna de aumentar las plantillas de
funcionarios adscritas a los mismos ni de dotarles de un
sistema informático eficaz”.
Petición a las instituciones
Por ello, los Secretarios Judiciales de la ciudad autónoma
trasladaron una “exigencia” a lass administraciones estatal
y autonómicas para que se comprometan a “cumplir con su
obligación de dotar a las oficinas judiciales de los medios
necesarios y adecuados para la modernización de la
Justicia”.
En concreto, el colectivo demanda la implantanción en las
sedes judiciales de “un sistema informático adecuado que
avise del transcurso de plazos procesales y que permita el
intercambio de datos entre los juzgados de todo el estado”.
En una línea similar los profesionales exigieron
“expresamente” la reforma de las leyes procesales “para una
correcta división de funciones y fijación de criterios
claros respecto de las competencias de la Carrera Judicial y
del Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales”.
El ministro de Justicia impuso el pasado 3 de octubre a la
Secretaria Judicial de Rafael Tirado una sanción de dos años
de suspensión de empleo y sueldo por una falta grave del
artículo 155.6 del Reglamento de los Secretarios Judiciales
y artículo 536 b) 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)
“por negligencia y retraso injustificado en el cumplimiento
de las funciones de dación de cuenta, impulso y ordenación
del proceso”.
Mientras, el juez Rafael Tirado fue multado por el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) con 1.500 euros por
“desatención grave” en el caso ‘Mari Luz’ tras no ejecutar
una sentencia pendiente contra el presunto asesino de la
niña onubense. La Fiscalía ha recurrido esta sentencia y ha
solicitado tres años de suspensión para el juez.
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solidaridad
