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La Audiencia Provincial condenó ayer a los acusados de un
antiguo operativo de tráfico de ilegales transportados a la
ciudad entre junio y octubre de 2006 con motos de agua y
embarcaciones. Para los juzgados por el delito contra los
derechos de los ciudadanos extranjeros el magistrado impuso
una pena de dos años de prisión sustituibles por una multa
en el caso de no tener antecedentes. Por simulación de
delito, los procesados pagarán una cuota diaria de dos euros
durante seis meses.
En el banquillo de los acusados no cabía un alfiler entre
los cinco presos y los cuatro procesados llamados a
declarar. A la derecha la mesa de los abogados,
concretamente siete, que llegaron a un acuerdo de
conformidad con sus defendidos en todos los casos. A la
izquierda, el fiscal, ocupando la zona destinada al Jurado
en los juicios necesarios. Y justamente en el estrado, en el
centro de la sala, los jueces y secretarios de la Sección
Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta.
Al final, un juicio rápido liderado por la figura jurídica
de la conformidad para concluir con una operación de tráfico
de inmigrantes ilegales que tuvo lugar entre junio y octubre
de 2006. La sentencia final para los nueve acusados, cinco
de ellos presos por otros casos, fue de dos años de prisión
por un delito contra los derechos de los ciudadanos
extranjeros; y una multa con una cuota de dos euros diarios
durante seis meses para los procesados por simulación de
delito. Los condenados por el delito contra los derechos de
los ciudadanos extranjeros, que no tengan antecedentes
penales, podrán modificar su sentencia, a criterio de la
Audiencia, por una sanción económica. Y entre tantas cifras
cabe recordar que los antecedentes se remontan al 9 de junio
de 2006, fecha de inicio de esta trama ilegal que concluyó
el ocho de octubre del citado año. El operativo comenzaba
con la captación de inmigrantes ansioso por llegar al
territorio español, de todas las razas, sexos, edades y
religiones, aunque en su mayoría fueron individuos de origen
asiático, saharianos, hindúes procedentes de la India y
Cachemir, y llegados desde Marruecos. Luego se procedía a su
traslado a Ceuta a través de diferentes motos acuáticas, en
algunos casos, y embarcaciones de motor, en otros.
Posteriormente los puntos claves de las detenciones fueron,
en esos meses, la zona del Recinto, la playa de la
Almadraba, la barriada del Sarchal, la gasolinera BP del
Tarajal y la playa de Arcos Quebrados. Cuando los
inmigrantes llegaban eran recibidos por otras tres personas,
implicados en el operativo y condenados ayer por la
Audiencia. Estas últimas, encargadas de la introducción en
el territorio ceutí de los indocumentados, o aquellos que no
fueron interceptados por las distintas fuerzas de seguridad
de la ciudad autónoma. Las investigaciones realizadas por la
descripción y las documentaciones de los transporte hicieron
que agentes de la Poolicía Nacional pincharan los teléfonos
de varios acusados y en las escuchas se confirmó el coste de
400 euros que debían pagar los ilegales y la coordinación de
la trama.
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sentencia
