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La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y el
primer grupo de la oposición en la Asamblea ceutí, Mohamed
Ali, que también se ha visto salpicado en el pasado por las
indagaciones de la Inteligencia militar, reclamaron ayer a
Defensa que explique y depure responsabilidades por su
“nefasta” gestión de los expedientes de militares musulmanes
ceutíes que el año pasado no fueron renovados al existir
informes reservados sobre ellos supuestamente desfavorables.
Ante el silencio del Ministerio de Defensa, que es el
condenado en la sentencia que ayer dio a conocer este
periódico donde el Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía (TSJA) le obliga a readmitir e indemnizar a un
soldado ceutí que el año pasado no fue renovado por pesar
contra él informes reservados presuntamente desfavorables
cuyo contenido ha sido negado incluso a la Sala, la
Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y el
primer grupo de la oposición en la Asamblea, UDCE-IU,
exigieron ayer al departamento que dirige Carme Chacón que
haga caso a la “llamada de atención muy fuerte” que según el
parecer del secretario general de AUME, Mariano Casado, le
ha lanzado la Justicia.
“Defensa se ha movido en este asunto de la peor manera
posible, causando un daño que ahora debería reparar a
soldados que han debido cargar con la sospecha de unos
informes reservados que se supone que dicen cosas tan graves
como para no poder seguir en el Ejército pero que ni ellos,
ni la opinión pública ni los Tribunales conocer realmente su
contenido”, declaró Casado en declaraciones a este
periódico.
“Se trata de dos sentencias”, amplió en relación con los dos
autos publicados, “que hay que estudiar detenidamente porque
ponen de manifiesto que el Ejército obvió cualquier
necesidad de buscar justificaciones para quitarse de en
medio a varios militares por ser musulmanes amparándose en
unos informes que sería muy interesante conocer”.
En ese sentido, el abogado incidió en que la “nefasta”
gestión de Defensa merece tal calificativo porque
“trasciende el ámbito de lo jurídico”. “Si esos informes
dicen algo debió contarse; si no, no haberse tenido en
cuenta ni utilizarse como coartada; en cualquier caso, los
responsables de cualquiera de las dos decisiones, al nivel
que corresponda, tienen explicar qué y por qué lo hicieron”,
completó su argumento.
“Disculpas públicas”
En una línea muy similar pero más dura aún el presidente de
la UDCE, Mohamed Ali, sobre el que en el pasado la Sección
Segunda de la Comandancia General también elaboró informes
confidenciales, exigió al Ministerio de Defensa que adopte
“todas las medidas a su alcance” para “paliar una injusticia
evidente”.
“El Ejército debe depurar responsabilidades por lo sucedido
al más alto nivel y, lógicamente, indemnizar, restituir en
sus puestos con los compromisos que demandaban a los
afectados y pedir disculpas públicas por lo que el Tribunal
Superior de Justicia ha considerado que fue un ejercicio de
autoridad prohibida, voluntarista y arbitraria”, pidió Ali.
Este periódico se puso ayer en contacto teléfonico y,
posteriormente, tal y como fue conminado a hacer, por
escrito, con el Ministerio de Defensa para obtener una
respuesta o valoración sobre la sentencia del TSJA. Lo más
que llegó a recibir fue una confirmación oficiosa de que
“respeta” las decisiones judiciales. Por otro lado y también
de forma informal el Centro Nacional de Inteligencia (CNI),
citado como autor de informes en la sentencia, quiso
desvincularse de los mismos y ligó el error a “una posible
mala interpretación”.
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