Las empresas afectadas han decidido saltar a la vía penal
para denunciar la presunta estafa por valor superior a
400.000 euros cometida por Antonio Benítez, responsable de
las constructoras Tracobe y Cabed. Cuatro de las once ya lo
han hecho. Todas ellas se reunirán hoy con el presidente de
la patronal de la construcción.
Antonio Benítez Domínguez, representante de Cabed y Tracobe,
empresas que actuaron como subcontratas ante Ferrovial y
otras once corporaciones para las obras de la nueva sede del
INSS en Otero, tiene desde hace unos días un requerimiento
para presentarse ante un Juzgado. Ello es así después de que
cuatro de las once empresas afectadas por la presunta estafa
cometida por Cabed y Tracobe iniciarán la vía penal, según
confirmó Ismael Maese, representante de una de ellas. Antes
ya habían denunciado el caso por lo civil. Esto supone dar
una vuelta de tuerca más a la situación.
Además, las demandantes piden la congelación de las cuentas
bancarias de Benítez y la firma de una orden de búsqueda y
captura. Nadie conoce su paradero y cuenta en su haber con
430.383 euros de las once empresas subcontratadas.
Los representantes de las once corporaciones mantendrán esta
mañana una reunión con Cristóbal Chaves, presidente de la
Asociación de Empresarios de la Construcción. Los afectados
han pedido verse con Chaves para trasladarles su
preocupación.
La Cámara de Comercio está siendo la entidad que está
actuando de mediadora y de interlocutora de los afectados en
este asunto. El presidente de esta entidad, Luis Moreno,
explicó que no hay novedades por el momento más allá de las
últimas acciones tomadas por los empresarios.
Mientras, Ferrovial eludió dar más respuesta que la
facilitada a través de su Gabinete de Prensa: “Estamos
poniendo todo de nuestra parte para resolver la situación.
La empresa está cumpliendo escrupulosamente con nuestro
cliente que es el INSS”.
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