La portavoz del Gobierno ceutí cifró ayer en 14,12 millones
de euros el total del gasto ocasionado a la Hacienda
municipal por las lluvias torrenciales de la última semana
de septiembre, aunque reconocio que las expectativas del
Ejecutivo se limitan a que el Estado contribuya a financiar
dos terceras partes de los mismos, unos 10,5 millones.
Tras una tarde, la del lunes, de muchos números, la portavoz
del Gobierno ceutí, Yolanda Bel, ofreció ayer por fin,
especulaciones al margen, una cifra definitiva y al detalle
sobre los gastos que las lluvias torrenciales de la última
semana de septiembre ha tenido que realizar o piensa
acometer por ellas la Ciudad Autónoma. Al céntimo, la resaca
del temporal costará a la Administración ceutí 14.129.315,43
euros.
Ese total, explicó la portavoz gubernamental, se reparte
entre tres grandes bloques que corresponden a actuaciones
que hubo que realizar “para garantizar la vida y la
seguridad de las personas”, cuantificadas en 10,5 millones
de euros; otras reparaciones que no eran de tanta urgencia,
presupuestadas en 1,2 millones; y los proyectos que será
necesario ejecutar “para prevenir futuras situaciones de
emergencia”, que se prevé costarán 2,3 millones.
“La Ciudad entiende que una vez que se eleve a la
Administración General del Estado la documentación elaborada
fundamentalmente se nos va a atender el primer apartado de
actuaciones”, señaló Bel, quien recordó que esos 10,5
millones, el 70% de los gastos totales originados por la
tromba de agua, encajan perfectamente en el texto del
Acuerdo firmado el pasado viernes por el Consejo de
Ministros para paliar los desembolsos de particulares,
empresas y Corporaciones locales de Ceuta, Melilla y otras
comarcas de Andalucía afectadas por las lluvias.
Literalmente, dicho acuerdo señala en su tenor literal que
está “encaminado a sufragar los gastos de carácter
inmediato, tanto los generados a las entidades locales por
sus actuaciones de emergencia, como los dirigidos a paliar
los daños sufridos en viviendas” o comercios. Bel se negó
ayer a valorar de entrada su eficacia y se remitió a hacerlo
en el momento en que el Estado responda a las peticiones de
ayudas que le remita la Ciudad.
Tres apartados
Bel detalló que dentro de ese capítulo, que supone la parte
del león del gasto ocasionado por las lluvias, la Ciudad ha
establecido tres apartados diferenciados. El primero de
ellos, cuyos órganos gestores son Obimace, Fomento y Acemsa,
afecta a las actuaciones que hubo que realizar en materia de
Protección Civil, comunicaciones e infraestructuras urbanas
por 7,3 millones.
El segundo, a la unánimemente elogiada actuación de
Servicios Sociales Comunitarios, que en conjunto saldrá a la
Hacienda municipal por 700.000 euros. El tercero y último se
refiere a los gastos vinculados al funcionamiento de las
redes de saneamiento, evacuación de pluviales y
abastecimiento, que en conjunto absorben 2,5 millones.
En relación con las obras que los distintos departamentos
del Ejecutivo ceutí, básicamente Acemsa y Medio Ambiente,
considera necesario ejecutar para “si no erradicar, sí
amortiguar las consecuencias de futuras situaciones de
emergencia similares” se cuentan cinco: el encauzamiento del
arroyo de Benítez-Guillén [al margen de las de la
Confederacion Hidrográfica del Guadalquivir]; la colocación
de un sistema de alcantarillado especial para la evacuación
de aguas pluviales en la Almadraba; otra actuación en la
zona de los bajos del Mercado Central y el entorno del
McDonald’s con el propósito de “evitar que se forme una
piscina en ese área” y una tercera [presupuestada en unos
500.000 euros] en los polígonos industriales del Tarajal con
el fin de, “sin afectar a la seguridad del perímetro
fronterizo”, evitar que el muro contiguo al paso del Biutz
inunde las naves colindantes o situadas por debajo de su
nivel. A tal efecto, tanto la Ciudad como la Cámara de
Comercio pedirán a la Delegación su beneplácito y
colaboración para ejecutar esta actuación.
Además, y sin ser “obra propiamente dicha, como las
anteriores”, explicó Bel, se estudia cambiar los materiales
de parte de la red de pluviales.
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Bel anuncia viviendas para los desalojados y sanciones
contra posibles irregularidades
La portavoz del Ejecutivo ceutí
señaló ayer que es intención de la Administración local que
todas las familias que fueron desalojadas de sus viviendas
“puedan volver a ellas, en los casos en los que sea
posible”, o que al menos tengan “un trato preferente” a la
hora de que se les adjudiquen casas en futuras promociones
protegidas de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVICESA).
Además, a raíz de las denuncias de Septem Nostra, la
consejera anunció que tanto su departamento como el de
Fomento estudiarán la situación de las obras situadas en la
parte superior de Patio Castillo, cuyas tuberías,
desconectadas de la red general de saneamiento y pluviales,
podrían haber agravado las inundaciones en ese área y los
perjuicios causados a los residentes en la zona. “Si existe
alguna irregularidad se le impondrán cuantas sanciones sean
necesarias”, dijo Bel. El presidente de la entidad
conservacionista, José Manuel Pérez Rivera, ha pedido a la
Delegación, entre otras medidas, “que se cree en la ciudad
un grupo de inspección de la Comisaría de Agua para la
correcta gestión del dominio público hidráulico de Ceuta”.
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