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OPINIÓN - MARTES, 7 DE OCTUBRE DE 2008

 
OPINIÓN / EDITORIAL

El IMIS, la mayor medida social de la Ciudad

El Ingreso Mínimo de Inserción Social que ha elaborado el Ejecutivo de la Ciudad, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, y que aprobará esta mañana el Consejo de Gobierno supone, además de la consecución de un compromiso adoptado con UDCE para la aprobación de los presupuestos del actual ejercicio, un hecho sin precedentes en la administración local desde su creación en etapa democrática, aún más, de toda la historia.

Los poderes públicos, a quienes corresponden constitucionalmente promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo, y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, están obligados a fomentar medidas de empleo y a establecer prestaciones económicas que aminoren las consecuencias de la exclusión social de los más desfavorecidos. Además, en la exposición de motivos, el Gobierno de la Ciudad alude a que de acuerdo con lo previsto en el artículo 144b de nuestra Constitución, la Ciudad accede a su autonomía a través de la Ley Orgánica por la que se aprueba su Estatuto de Autonomía. Un Estatuto que establece como valor primordial el mejorar las condiciones de vida y de trabajo, facilitando las condiciones adecuadas para que la igualdad de los ceutíes sean reales y efectivas.

Dicho ésto, y en sintonía con este principio, hay que recordar que el Gobierno Vivas aprobó el Plan de Inclusión Social para el periodo 2008/11 donde quedó recogido una serie de objetivos relacionados con la prestación del Ingreso Mínimo de Inserción Social.

Es, sin duda un gran avance en el sistema público de protección social porque el que llamaremos ya públicamente IMIS, da cobertura asistencia a las personas que, por encontrarse en situaciones de desventaja social, derivadas de una infinidad de situaciones múltiples, se encuentren en situación de exclusión social o en riesgo de exclusión, con el añadido de enormes dificultades en la búsqueda de empleo.

Se trata de una histórica medida social adoptada que debería enmarcarse en cualquier acción de un gobierno de corte progresista que, sin embargo, he aquí la cuestión, es una medida que es fácilmente detectable en muchos gobiernos de corte neo liberal.
 

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