El texto íntegro del Acuerdo dictado el pasado viernes por
el Consejo de Ministros a propuesta de la vicepresidenta
Primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega,
sobre el pago de ayudas a los damnificados por las lluvias
torrenciales del último fin de semana de septiembre, prevé
que estos abonos se ejecuten “a la mayor brevedad posible” y
deja abierta la puerta incluso a que a tal efecto se
utilicen “las posibilidades de tramitación urgente previstas
en la legislación de procedimiento administrativo común”.
El Gobierno de España ha encomendado al Ministerio del
Interior, a través de la Dirección General de Protección
Civil y Emergencias, y a los delegados del Gobierno en las
Ciudades de Ceuta y Melilla, en colaboración con las dos
Ciudades Autónomas y con el asesoramiento técnico del
Consorcio de Compensación de Seguros que efectúe “de
inmediato” las valoraciones de los daños susceptibles de ser
resarcidos “con arreglo a lo establecido en el Real Decreto
307/2005, de 18 de marzo, por el que se regulan las
subvenciones en atención a determinadas necesidades
derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza
catastrófica”.
Igualmente, Interior, a través de la Dirección General de
Protección Civil y Emergencias, tendrá que tramitar los
procedimientos oportunos “para la concesión de las ayudas y
subvenciones que procedan al amparo del Real Decreto citado,
a la mayor brevedad posible, utilizando, en su caso, las
posibilidades de tramitación urgente previstas en la
legislación de procedimiento administrativo común”.
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