La Guardia Civil ha detenido a dos marroquíes con residencia
de trabajo en Barcelona cuando pretendían acceder a
Marruecos, por el Tarajal, en una furgoneta cargada de
diverso material despiezado [ordenadores, bicicletas y
motocicletas] de los que no pudieron ofrecer datos de su
procedencia lo que llamó la atención a los agentes
Agentes de la Guardia Civil adscritos al servicio en la
frontera del Tarajal interceptaron en la mañana de ayer a
dos individuos a bordo de una furgoneta de grandes
dimensiones cargada de diferentes materiales despiezados y
que pretendían ‘pasar’ a Marruecos.
En el control de inspección que realizaron los guardias
civiles, alrededor de las 13’00 horas de ayer, comprobaron
el modo en cómo se encontraban los materiales despiezados,
perfectamente embalados y con la precaución de ubicar en la
parte más exterior de la carga mercancía poco sospechosa o
susceptible de ser desechada como de relevancia. Sin embargo
lo importante llegaba cuando los dos guardias civiles que
inspeccionaron el interior del furgón descubrieron múltiples
restos de ordenadores y de motocicletas.
En ese momento, los agentes preguntaron a los viajeros por
la procedencia de la mercancía. Circunstancia que no pudo
ser certificada por éstos. A partir de ahí se procedió a
extraer de la zona de la carga todo el material para
localizar con mayor eficiencia lo verdaderamente importante.
De momento, la decisión fue la de detener a los dos
individuos, que resultaron ser dos jóvenes marroquíes con
residencia de trabajo en Barcelona, acusados de una presunta
infracción de contrabando.
Entre tanto, los funcionarios de la Benemérita se hacía con
los números de bastidor de las dos motocicletas desguazadas
y comprobar en la base de datos las cirunstancias de las
mismas.
Hecho que sirvió para certificar que esas dos motocicletas
habían sido denunciadas por sus respectivos dueños como
robadas.
A partir de ese instante, y ante el hecho de la afirmación
de los dos detenidos quienes manifestaron haber comprado
esos materiales de desgüace, fueron informados de sus
derechos constitucionales y acusados formalmente de un
delito de receptación.
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