El Gobierno central ha recordado a la senadora ceutí Luz
Elena Sanín, que preguntó si se iba a “dar cumplimiento” a
algunas sentencias que “reconocen el derecho de los padres a
educar a su hijos según su criterio y estimando las
objeciones de conciencia” presentadas contra la materia de
‘Educación Para la Ciudadanía’ (EpC) que “sólo cabe
considerarla plenamente constitucional al igual que lo son
el resto de las asignaturas “. “Las sentencias del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía”, el único que ha dictado
sentencias favorables en la línea expuesta por Sanín, le ha
replicado el Ejecutivo de la nación, “no son firmes, y, por
tanto, no se pueden aplicar puesto que han sido recurridas;
por ello, no son de obligado cumplimiento”. “El propio TSJA
ha denegado la ejecución provisional de sentencia a los
padres que la habían solicitado por este mismo argumento, el
estar recurrida ante el Supremo”, concluye el Gobierno.
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