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La aplicación de lo principios de
colaboración y de coordinación entre Administraciones
públicas prevista en el Real Decreto 307/2005 de 18 de
marzo, de declaración de ‘Zona Catastrófica’ aconseja la
adopción de mecanismos de cooperación, en la gestión de las
subvenciones previstas, entre la Administración General del
Estado, los Gobiernos de las comunidades autónomas y
Ciudades de Ceuta y Melilla y las corporaciones locales.
El Real Decreto previene que se entenderá por situación de
emergencia el estado de necesidad sobrevenido a una
comunidad de personas ante un grave e inminente riesgo
colectivo excepcional, el cual, por su propio origen y
carácter, resulta inevitable o imprevisible, y que deviene
en situación de naturaleza catastrófica cuando, una vez
actualizado el riesgo y producido el hecho causante, se
alteran sustancialmente las condiciones de vida de esa
colectividad y se producen graves daños que afectan a una
pluralidad de personas y bienes.
En cualquier caso, declárese ‘Zona Catastrófica’ o no -hay
evidentes diferencias-, lo cierto es que el Gobierno de la
Nación ha tomado en consideración la circunstancia por la
que ha atravesado la Ciudad Autónoma y sus habitantes como
para, sin demora, este próximo viernes el Consejo de
Ministros adopte acuerdos de ayudas especiales para paliar
las necesidades sobrevenidas como consecuencia del ‘desastre
natural’ que ha supuesto la caída nada menos que de 533
litros por metro cuadrado en poco más de tres días.
La rapidez de la Administración General del Estado es de
encomio, como lo es también el apoyo y el respaldo de otras
instituciones y organizaciones solidarizándose con Ceuta.
Las graves daños ocasionados en bienes públicos y privados
serán atendidos mediante el impulso de las arcas del Estado
para afrontar la situación. Eso es lo que ha venido a
garantizar el ministro Corbacho, enviado especial a Ceuta de
Rodríguez Zapatero. La Administración local representada por
Vivas debe estar de enhorabuena. La colaboración parece
evidente y eso se traduce en un mejor servicio al ciudadano.
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OPINIÓN / EDITORIAL
