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Los trabajadores de las once empresas ceutíes de diferentes
sectores a las que la segunda subcontrata de Ferrovial
adeuda 431.000 euros por los materiales y trabajos
realizados en la obra de las nuevas oficinas de información
del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en
Otero se concentrarán mañana en la obra en “huelga de celo”
para evitar que ninguna otra empresa asuma los trabajos que
ellos se niegan a continuar.
Las once empresas ceutíes a las que Cabed, subcontrata de
Tracobe y, un escalón por encima, de Ferrovial, a la que el
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) adjudicó la
construcción de sus oficinas de información en Otero,
vivirán mañana un día fundamental para conocer el futuro de
sus 84 empleados, al borde del despido al adeudar la primera
constructora un total de 431.000 euros a todas ellas,
180.000 a la más perjudicada y casi 1.500 euros a la menos.
De entrada, y salvo cambio de planes, los empresarios
locales, que anteayer trasladaron su “situación desesperada”
al presidente de la Cámara de Comercio y al director
territorial del INSS, tienen previsto reunirse con el
delegado en Andalucía de Ferrovial, la adjudicataria de la
obra, que en su último encuentro aseguró haber abonado ya a
Tracobe la totalidad del coste pactado de sus trabajos a
pesar de que entre el 10% y el 20% de los mismos aún no
están terminados.
Por otro lado, el máximo responsable del INSS en Ceuta, que
el viernes aseguró desconocer la problemática creada por la
falta de pago, informará hoy a sus superiores en Madrid del
asunto.
Para terminar, y como medida de presión, los empresarios
afectados mantendrán mañana a parte de sus plantillas en la
obra en cuestión en “huelga de celo” para evitar que otras
empresas puedan hacerse cargo del tajo por realizar,
informaron ayer varios de los afectados, que el miércoles
tienen intención de presentar la correspondiente demanda
judicial contra sus deudores.
Al frente de todos ellos se encuentra, en calidad de socio,
administrador y apoderado único tanto de Tracobe como de
Cabed y de Procoabed, la otra empresa constructora a la que
está vinculado, Antonio Benítez Domínguez, empresario
gaditano al que los ceutíes señalan como responsable del
“engaño” sufrido. La información del último Depósito de
Cuentas de Tracobe ante el Registro Mercantil presenta una
empresa con un expediente judicial inmaculado.
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La cadena de subcontratación y el eslabón “pernicioso”
Asiduamente en el ojo del huracán
por su presunta vinculación con la siniestralidad laboral o
la vulneración de los derechos de los trabajadores [hace dos
años se aprobó una ley específica al respecto para el sector
de la Construcción], la subcontratación puede definirse,
técnicamente, como “una relación contractual que materializa
supuestos de descentralización productiva por la que el
empresario contratista se compromete a la realización de una
obra o servicio determinado y el contratante adquiere la
recíproca obligación de pagar un precio cierto”. En origen,
este tipo de relaciones surge cuando una empresa, ante un
encargo, encomienda parte del trabajo a un tercero por
motivos de volumen o de calidad: es eficiente en términos de
distribución de recursos y una buena solución para la
subcontratada, que trabajando para unos y otros evita
tiempos ‘muertos’. En esta situación la empresa que
subcontrata aporta un valor derivado de la selección y
coordinación de las subcontratas. Sin embargo, en algunos
casos como el de Tracobe y Cabed la relación parece viciarse
al incardinarse en una ‘cadena de subcontratación’ donde la
intermediaria no aporta valor ninguno al proyecto,
subcontratando a un tercero que además es propiedad del
socio único de la segunda y que, según los testimonios de
las empresas ceutíes afectadas, se constituyó solamente dos
meses antes de iniciar la obra de la Seguridad Social. En
esta cadena Tracobe simplemente se queda con parte del
beneficio sin aportar aparentemente nada al proyecto a
realizar. Es lo que los especialistas denominan un “eslabón
pernicioso” en la cadena empresarial.
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