El comunicado de la UGT, en el que acusa al Gobierno de la
Ciudad de incumplir sus compromisos con los trabajadores,
sesga la realidad de las cosas y, en consecuencia, merma la
fuerza y la credibilidad de una central sindical que se ha
caracterizado a lo largo de su dilatada historia, por huir
de la demagogia y plantear los conflictos con absoluta
transparencia.
La crisis económica que ya ha reconocido el Gobierno de
España y que está a punto de llevar al país a la recesión,
no iba a dejar a Ceuta al socaire, por lo que el plan de
austeridad aprobado por el Gobierno de la Ciudad, se
presenta como una medida adecuada, entre otras más que habrá
de adoptar, para dar respuesta desde la institución local
ante la situación económica generalizada y sobrevenida.
El Gobierno de la Ciudad, lleva adoptando medidas de
congelación de retribuciones para todos los altos cargos
durante muchos años, sin que las retribuciones de los
empleados públicos hayan sido “tocadas”, pero en un momento
en el que todas las autoridades económicas están demandando
moderación salarial como parte de una batería de medidas
para paliar los efectos de la crisis, los empleados públicos
de la Ciudad Autónoma no pueden mirar para otro lado y mucho
menos intentar apretar el lazo sobre el cuello de la
administración, máxime si tenemos en cuenta lo elevado de
sus salarios, amén de otras compensaciones en forma de
ayudas (llamadas sociales), que no dejan de ser retribución
en especies.
De otra parte, al margen de la voluntad expresada en
cualquier negociación, cualquier acuerdo está sometido al
control de legalidad y en este sentido, parece que la
intervención de la ciudad ha observado desviaciones
importantes entre lo acordado entre administración y
sindicatos y lo previsto en la ley respecto de los
incrementos máximos referidos al conjunto de la masa
salarial de la administración de la ciudad.
Y luego queda el asunto de las pagas extraordinarias. Y
aquí, en este punto, parece que el ejercicio de
responsabilidad debe combatir un claro ejercicio de cinismo,
por cuanto las centrales sindicales saben que desde hace
varios años, todos los funcionarios de la Ciudad Autónoma
perciben las pagas extraordinarias en la misma cuantía que
una paga ordinaria, si bien y para camuflar “entonces” este
acuerdo, se diseño el sistema de prorrateo mensual de las
mismas.
Ahora, muchos años después, cuando el Estado quiere aplicar
lo mismo a sus funcionarios, no deberían los sindicatos
municipales pretender volver a beneficiarse de una medida de
la que ya disfrutan, debiendo únicamente la administración
local proceder a reformar la estructura de las nóminas, pero
nunca a incrementar las retribuciones extraordinarias.
Todo esto lo sabe perfectamente la UGT, que aprovechándose
tal vez de la aparente debilidad de un gobierno, pretende
quebrar los principios de la lealtad, la buena fe y la
responsabilidad, principios que han sido bandera suya a lo
largo de su historia y que la han hecho acreedora de la
confianza de la mayoría de los trabajadores.
Es de esperar, por el bien de todos, que la responsabilidad
y la cordura se imponga
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