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La Sección VI de la Audiencia Provincial dictó sentencia,
durante la mañana de ayer, de los hechos acaecidos en
septiembre de 2007 en la barriada La Pantera, en los
aledaños de Juan Carlos I. El delito ante el que
respondieron los acusados fue contra la salud pública ya que
los antecedentes del caso muestran que se trató de un punto
de cocaína y hachís en el que se incautaron varias
sustancias y enseres gracias a las actuaciones de los
agentes de la UDYCO.
Dos personas se sentaron ayer en el banquillo de los
acusados de la Sección VI de la Audiencia Provincial, ambas
relacionadas con un delito contra la salud pública, en este
caso, posesión de cocaína y hachís a parte de otros enseres
dignos de mencionar.
Los antecedentes se remontan al 26 de septiembre de 2007,
cuando el Grupo de Estupefacientes de la Unidad de Drogas y
Crimen Organizado (UDYCO) de la Jefatura Superior de Ceuta
realizó una intervención policial en la barriada La Pantera,
en los aledaños de Juan Carlos I.
Como consecuencia de las investigaciones efectuadas, se
descubrió a una serie de personas que se dedicaban a la
venta de papelinas de cocaína, llegando a detectarse una
gran afluencia de compradores que se acercaban a la barriada
para adquirir dicha sustancia. Tras la realización de varios
registros domiciliarios, los agentes procedieron a la
detención de los acusados A.P.G. y J.M.G., ayer juzgados y
sentenciados por los tres magistrados y el fiscal de la
Audiencia un año más tarde.
La desarticulación del punto de venta en Juan Carlos I dio
como resultado global de la operación la incautación de 65
gramos de cocacína, repartidos en diferentes dosis (unas 76
papelinas); 37 gramos de hachís, dos balanzas de precisión,
3.500 euros, 6.120 dirhams y un revólver simulado con su
munición. Además de navajas y machetes. Todo ello encontrado
en el domicilio del acusado A.P.G., condenado a tres años de
prisión y 3.399 euros de multa a pagar en tres días, en la
mañana de ayer.
Durante la celebración del juicio se esperaban las
declaraciones de los agentes de la Policía Nacional que
actuaban como testigos, pero la figura de la conformidad
cobró vida y no fue necesaria la intervención de estos.
El otro procesado, que responde a las iniciales J.M.G., fue
condenado por el fiscal a un año de prisión y una multa de
33 euros. Tras la apelación del letrado, la pena quedó
reducida a una multa a pagar en doce meses.
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Una cita con la intervención de una intérprete de signos
Una de las curiosidades que
presentaba uno de los juicios celebrados en la mañana de
ayer en la Sección VI de la Audiencia Provincial fue la
presencia e intervención de una intérprete de signos ya el
penado, que responde a las iniciales A.P.G., presentaba
dificultades de sordo-ciego, con lo cual necesitó la
participación de la traductora. Este hecho, además, sirvió
al abogado defensor para apelar una reducción de la
sentencia, de los tres años de prisión, alegando que el
acusado no había tenido con anterioridad enseñanzas de
lenguaje de signos. Finalmente, no sirvió de nada y la
conformidad se hizo patente durante la cita para cerrar el
caso de tráfico de droga de la barriada La Pantera, en los
aledaños de Juan Carlos I.
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