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Incido una vez más, en mis
reflexiones relacionadas con las repercusiones originadas
por la profunda crisis económica que ahoga a todos los
sectores económicos y en particular, a las economías
domésticas. Los últimos datos existentes así como, la
aparición de otros nuevos confirman nuestra realidad
económica anunciada hace meses por importantes expertos y
líderes políticos a pesar de, recibir como respuesta las
críticas por parte del Gobierno socialista.
Un dato revelador de la verdadera situación de las economías
domésticas de gran parte de las familias españolas es que,
el importe de los impagos en compra a plazos aumentó un
121;5% en julio de este año respecto al ejercicio anterior.
Es decir, las entidades bancarias de nuestro país dejaron de
ingresar 2.072 millones de euros en las operaciones de
adquisición de bienes y servicios a plazos, como la compra
de un equipo informático.
Datos reales y verídicos alejados de la demagogia política
puesto que, han sido facilitados por el Instituto Nacional
de Estadística que debería hacer recapacitar a algunos de
los líderes socialistas enfrascados en tratamientos
capilares, cruceros de lujo o la creación de un logotipo
especifico para el Ministerio de Igualdad saltándose a la
torera el Real Decreto 1.465 aprobado por el Gobierno para
unificar los logotipos del Estado aunque, lo más
esperpéntico llegó de “Pepiño Blanco” al declarar que los
españoles “viven mejor que nunca, aunque alguno tiene algún
problema”.
Negar la existencia de la crisis económica que atenaza a las
deficitarias economías domésticas así como, no desarrollar
ninguna actuación concreta en beneficio de estas, es un
ejercicio inapropiado de quienes se autodenominan paradigmas
de las políticas sociales. No obstante, los datos que se
harán públicos próximamente abalarán las tesis defendidas
por importantes expertos económicos y líderes del Partido
Popular en relación a la deficitaria situación que sufrirán
los ciudadanos españoles en los próximos meses y que
repercutirá directamente en el aumento espectacular de
desempleados.
Por todo ello, es obligación de todos y en particular, del
Gobierno de la nación el escuchar a todos los interlocutores
válidos y deseosos de ayudar en la elaboración de propuestas
encaminadas a subsanar nuestra gravísima situación.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
