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Estimado Director:
Permítame acudir a su medio de comunicación para demostrar
mi pesar por la noticia que ha saltado a los medios de
comunicación y tanto malestar está provocando en la
ciudadanía de a pie a la quien suscribe pertenece.
Afortunadamente hace años que España dejo de ser un país
totalitario y ciertas prebendas y privilegios de los que
gozaban algunas personas desaparecieron o al menos eso
creíamos. Todo ciudadano en su actividad profesional o
laboral está sometido al principio de legalidad y es
responsable por los daños que con sus acciones y sobre todo
sus errores o negligencias pueda causar a los demás.
Todos sabemos que en un estado de derecho “quien la hace la
paga” y ello no es solo predicable a los comportamientos
delictivos dolosos, sino a aquellas actuaciones imprudentes
o contrarias a la lex artis de cada profesión. Así, es
frecuente ver en los medios de comunicación que ante una
negligencia médica, una extralimitación policial, una mala
ejecución de unas obras de edificación, o cualquier otra
negligencia profesional, nuestro lento y pesado sistema
judicial se pone en marcha, se incoan diligencias y tras la
práctica de la instrucción y la celebración de juicio, se
sanciona a quienes se declaren responsables.
Al margen del ámbito penal existen otros marcos para
delimitar la responsabilidad en la que haya podido incurrir
cualquier persona en el ejercicio de su profesión o empleo y
que no son menos transcendentes. Entre ellas podemos hablar
de la responsabilidad civil y sobre todo la disciplinaria.
Responsabilidad disciplinaria que en el caso del Juez Tirado
se ha resuelto con una risoria multa de 1.500 €.
No pretendo extenderme en divagaciones más propias de foros
académicos, pero si quiero manifestar que no todos somos
iguales ante la Ley. En este país sigue existiendo una casta
privilegiada donde el corporativismo llega a extremos
repugnantes. Esa casta viste toga negra con puñetas blancas
en sus bocamangas, son los jueces que están por encima del
bien y del mal, que se dedican a juzgar a los demás, que no
ha impartir justicia que eso es otra cosa.
Todos conocemos el permanente lamento que aqueja a nuestra
justicia, sigue siendo lenta, faltan medios humanos y
materiales, pero ello se utiliza demasiadas veces para que
se aparte la atención de lo que es realmente importante y
para diluir la responsabilidad de quién hace mal su trabajo
o, como en este caso, sencillamente no lo hace incurriendo
en una patente dejación de funciones.
Desde que el autor de tan execrable delito -el asesinato de
Mariluz- fue detenido, no paramos de formularnos las mismas
preguntas: ¿cuál es la razón por la que un Juzgado de lo
Penal de Sevilla no ejecutase una sentencia condenatoria de
un pederasta reincidente?. ¿Cómo podía estar “campando a sus
anchas” ese delincuente condenado a prisión? ¿En que queda
el sacrosanto y constitucional derecho a la tutela judicial
efectiva sí el Juez no ejecuta sus propias sentencias
condenatorias?
El Ilustrísimo Magistrado Juez Sr. Tirado durante todo este
tiempo permaneció escondido, con las orejitas agachadas a la
espera de que sus compañeros de esa casta superior a la que
pertenece le “salvaran el culo”, como así ha sido. Nos
encontramos una vez más ante la historia de siempre, jueces
juzgando a otros jueces…. Ya se sabe hoy por ti que mañana
me tocará a mí….
Es una infamia para el Estado de Derecho la decisión del
Consejo General del Poder Judicial de imponer una sanción de
1.500 euros al Juez Tirado. Este señor no ha asesinado a
nadie, pero con su palmaria dejación de funciones, al no
ordenar la ejecutoria y dejar al condenado por sentencia
firme en la calle, dio carta de libertad a un asesino para
seguir matando. Lo que así hizo sesgando la vida de Mariluz.
A Mariluz no nos la va a devolver nadie, pero la fe en
nuestro sistema judicial todavía la podemos recuperar, ahora
no creo que nadie la tenga.
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OPINIÓN
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CARTAS AL DIRECTOR
