El criterio del juez Garzón respecto a la investigación
sobre víctimas y represaliados del franquismo dista mucho de
ser equilibrado: no quiere saber nada del asesinato de casi
7000 sacerdotes y religiosas e incontable número de
católicos por odio a la fe cristiana, ni de los miles de
torturados en las checas, ni del genocidio de Paracuellos,
ni de los miles de encarcelados por ideología política por
parte del bando republicano, o el asesinato del líder de la
derecha, Calvo Sotelo, por parte de un grupo de policías
próximos al Gobierno republicano, hecho que encendió la
mecha del alzamiento, pocos días después, el 18 de Julio de
1936. Todo ésto se silencia, Garzón lo ignora, así, de paso,
no se habla de la ruina económica y del paro que éste
Gobierno está fomentando con su desidia. No se puede pedir
investigar las tropelías de un bando, y desestimar una
querella, sin siquiera analizarla, como hizo éste juez hace
diez años con una asociación que pretendió buscar
responsabilidades penales ante el fusilamiento masivo de
derechistas, católicos, monárquicos e incluso muchos niños
en Paracuellos del Jarama.
Un representante de la justicia ha de interesarse por lo
ocurrido en ambos bandos. Todavía hay muchas víctimas del
republicanismo marxista desaparecidos en campos y cunetas.
La Ley de Amnistía de 1977 era el símbolo reconciliador de
la Transición. Si el juez Garzón y el PSOE quieren seguir
reabriendo heridas que sólo fomentan odio y rencor, que al
menos se haga una memoria histórica de ambos bandos, sin
sectarismos, adulteraciones ni manipulaciones interesadas
para destapar toda la verdad sobre la Guerra Civil.
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