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El defensor del pueblo fue la primera persona en responder a
las cartas enviadas por los ciudadanos contrarios a una
reducción militar de las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla. Durante el mes pasado fueron el Ministerio de
Defensa y la Casa de su Majestad el Rey quienes respondieron
a aquellas personas que se han sentido afectadas por la
reestructuración. Desde la Zarzuela se dice que el plazo de
reestructuración es algo que se encarga de aprobar el Jefe
del Estado Mayor del Ejército (JEME) cada año. Una orden
ministerial de 18 de septiembre de 2006 contempla las líneas
generales del proceso de transición a la nueva estructura de
la Fuerza del Ejército de Tierra; dicta, además, las normas
para su desarrollo y ejecución, facultando al JEME para
dictar instrucciones para su desarrollo.
Este proceso de transformación -dice la carta firmada por la
subdirección general de recursos e información
administrativa, en nombre de la Casa Real- es una necesidad
que ya contempla el Real Decreto 912/2002 de 6 de
septiembre, del que deriva la Orden de Defensa 3537/2003 de
10 de diciembre. Ésta última confiere al JEME la facultad
para adaptar las estructuras del Ejército a las nuevas
situaciones que la situación demanda.
Por otro lado -continúa-, aquel personal de una unidad que
esté afectado queda exento de los plazos de mínima
permanencia, por lo que puede optar a cuantos destinos del
Ejército considere de su interés y que se publiquen,
obteniendo además el carácter de forzoso a efectos de la
indemnización del traslado. Esto último se aproxima más a
las palabras de Chacón.
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