Un antiguo trabajador del centro de menores de Punta Blanca
que el 29 de septiembre de 2002 recibió una paliza por parte
de cinco de los internos como resultado de la cual, según su
versión, padece una incapacidad del 89% fue desalojado ayer
a las 14.30 horas de la Asamblea por varios agentes de la
Policía Local después de amenazar con arrojarse al vacío
desde una de sus balconadas superiores ante su “desesperada”
situación económica. El trabajador, cuya identidad responde
a las iniciales M. B., recibió anteayer una orden judicial
que le conmina, si no quiere ser desalojado de su piso
embargado, a pagar antes de cinco días 500 euros al abogado,
J. S., que defendió su causa para que se reconocieran sus
lesiones como producto de la agresión y no de una
enfermedad, que le reclama 10.500 euros tras llevar su caso
hasta el Supremo (ganó en Primera Instancia y perdió en las
dos siguientes), aunque de acuerdo con sus explicaciones
ambos habían alcanzado un acuerdo no escrito para que éste
cobrase sólo una parte de la indemnización que hubiera
recibido. M. B. tildó de “desesperada” su situación y culpó
al Ejecutivo ceutí y a “la Justicia corrupta” de ella.
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