OPINIÓN - MIÉRCOLES, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2008

El primer Makhzén

Por José Luis Navazo

No es extraño que para la dinastía Alauí, actualmente en el poder, el reino de los Idrisíes sea todo un referente como embrión del Estado marroquí. A mi juicio habría tres razones que sustentarían esta atracción: la legitimidad religiosa con la que se arropó Idris I y sus sucesores, dado su origen xerifiano y descendiente directo del Profeta Mahoma; el intento de aglutinar, en una clara dinámica de conquista y expansión a través de un estado centralizado en una capital, Fez, las tierras del actual Marruecos; finalmente, la creación de una primera administración (el Makhzén) cuya cabeza, política y religiosa, sería el rey. “Mutatis mutandis” no es difícil encontrar paralelismos con la dinastía Alauí, desde Mulay Ismail hasta Mohamed VI pasando, naturalmente, por Hassan II.

Azzuz Hakim es, una vez más, una clara referencia: “… el estado Idrisi fue una monarquía que recibió el nombre de Imamato por su origen y constitución interna, cuyo carácter religioso quedaba respaldado por la condición de Xerifes y descendientes del Profeta que tenían los Idrisíes, sucesores del fundador de la dinastía. El Imam era el jefe absoluto, dueño de vidas y haciendas de sus súbditos. Como monarquía independiente que era, hacía la oración en las mezquitas del Imamato en nombre del monarca reinante. Este, como representante de Dios en la tierra y el elegido por Él para gobernar y velar por los intereses de sus criaturas, es la autoridad suprema de la nación, por cuyos destinos debía velar, defendiéndola, gobernándola y dirigiéndola por el camino recto”.

Los primeros idrisíes organizaron una Corte con una red administrativa muy jerarquizada, poniendo a su frente un gran Visir (a modo de Primer ministro) que era nombrado y destituido por el rey mismo; de él parece que dependían otros visires, como el de justicia por ejemplo.

El Estado a su vez estaba dividido en cabilas (a modo de provincias), dirigidas por un “wali” o gobernador en el que se delegaba toda la autoridad salvo (matiz nada banal) la religiosa, que estaba al cargo de un cadí o juez. Las tierras estaban divididas en tres lotes, siguiendo el derecho islámico y el proceso de ocupación: las tierras “anua” eran las conquistadas “manu militari”, incorporándose directamente al “Makhzén”, que solía distribuirlas a arrendadores musulmanes quienes podían quedarse con el 5% de las cosechas; las “sulh” correspondían a las sometidas por capitulación, pudiendo quedarse con ellas sus propietarios pagando, en cuanto no musulmanes, un gravoso impuesto; por último, las “musal-lim” serían las obtenidas de forma pacífica pasando sus propietarios, convertidos al Islam, a pagar solo los impuestos religiosos como el resto de la comunidad.

Este modelo de ocupación territorial fue también adoptado, con matices, por el Imperio Otomano en la conquista de los Balcanes, explicando por sí solo la conversión al Islam de la nobleza terrateniente y pequeños propietarios rurales. En cuanto a la Hacienda, parece que estaba dividida (al igual que en el Califato Omeya de Córdoba) en tres sectores: la particular del rey, la pública o “Bit Al-Mal” y la religiosa de bienes “Habús”, destinados éstos al culto islámico, la enseñanza (basada en el Corán) y la beneficencia. En cuanto a los ingresos eran de cuatro tipos, incluyendo la “ganima” o botín de guerra.