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El diputado ceutí en las Cortes Generales, Francisco Antonio
González Pérez, anunció ayer en declaraciones a diferentes
medios de comunicación como los diarios Marca, en el que
colabora habitualmente como columnista, y el Díario de Cádiz
que llevará al Congreso “en coordinación con los diputados
de la provincia” el descenso a Segunda B del equipo cadista
por si en el mismo influyeron “intenciones políticas”.
Aunque no quiere “ni pensar que haya habido intenciones
políticas en la decisión que ha mandado al Cádiz a Segunda
División B” el diputado ceutí en el Congreso, Francisco
González Pérez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
la Comisión de Deportes del Congreso de la cámara Baja tiene
pensado pedir la comparecencia en el Congreso de Jaime
Lissavetzky, secretario de estado para el Deporte, e incluso
de la ministra competente, Mercedes Cabrera, para que
aclaren si el distinto color político de los consistorios de
Cádiz (PP) y Córdoba (IU-PSOE) ha tenido algo que ver en el
descenso del equipo amarillo a Segunda B.
“Algo vamos a hacer por el Cádiz en coordinación con
diputados de la ciudad, porque las cosas no deben funcionar
muy bien si una decisión tan importante como la del Comité
Español de Disciplina Deportiva (CEDD), dependiente del
Estado, se toma 24 horas antes de que empiece la Liga”,
criticó ayer el diputado ceutí en declaraciones a diversos
medios de comunicación regionales y nacionales.
A su juicio esta ha sido una decisión “que se toma, además,
sin la presencia del presidente del Comité y con la
impuntualidad de uno de sus miembros. Es increíble”,
lamentó: “La ley debe ser para todos igual, con las mismas
interpretaciones”, señaló el ceutí.
Francisco González Pérez insistió en posibles matices
políticos en la decisión del CEDD: “Que cada equipo tenga en
su Ayuntamiento un signo político distinto da mucho de qué
hablar en todo este asunto”, dijo tras recordar que fue
Lissavetzky quien nombró en su día a Rafael Blanco, primer
teniente de alcalde en Córdoba, director general de
Deportes.
González Pérez dijo estar dispuesto a “buscar respuestas” a
las preguntas que han surgido tras el fallo emitido el
pasado viernes e insistió en el “color político de los tres
fallos” y cuestionó la actitud de dos ministros
estrechamente relacionados con Cádiz, el de Interior,
Alfredo Pérez Rubalcaba, y la de Igualdad, Bibiana Aido.
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