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El Gobierno ceutí siguió el jueves con atención extrema el
debate que se produjo la tarde-noche del jueves en la
Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los
Diputados sobre la propuesta de reforma del sistema de
financiación autonómica. Y no acabó descontento de su
resultado final. Tanto el vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes,
como el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristóbal
Montoro, mantuvieron sus posiciones de partida al respecto
en lo que al planteamiento catalán de negociación se
refiere, que Ceuta también rechaza abiertamente, y citaron
expresamente a la ciudad autónoma como necesitada de un
sistema de financiación especial.
El vicepresidente segundo recordó las líneas básicas del
documento presentado, el pasado 22 de julio, ante el Consejo
de Política Fiscal y Financiera tras los contactos
bilaterales mantenidos con las Comunidades Autónomas, de
cuya reunión el consejero de Hacienda, Francisco Márquez,
salió esperanzado.
Y es que aunque el documento es sólo una base común y “un
punto de partida desde donde se abordarán los aspectos más
concretos del modelo de financiación”, el Gobierno central
lo defiende porque “cumple con la Constitución, recoge las
previsiones de los nuevos Estatutos de Autonomía y se ajusta
a los calendarios previstos”, pero al Ejecutivo ceutí
tampoco le disgusta en tanto que en su punto décimo señala
como principio básico de actuación la “adaptación del modelo
de financiación a las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla”.
Según destacó ayer la Delegación del Gobierno a través de
una nota de prensa la propuesta de Solbes “plantea un
sistema consistente, coherente y con proyección futura, que
garantiza una financiación suficiente para todas las
competencias transferidas y la solidaridad mediante igual
cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos,
independientemente de donde vivan”.
El vicepresidente reconoció durante el debate las tensiones
que la prestación de ciertos servicios como la sanidad,
educación o ciertos servicios sociales pueden estar
ocasionando a las Comunidades y garantizó que “el Estado va
a ayudarlas en lo posible”, aunque también advirtió de que
“en estos momentos, es el Estado quien tiene mayores
exigencias en el cumplimiento de las funciones de
estabilidad económica y presupuestaria”.
Pedro Solbes aseguró que con el nuevo sistema ninguna
Comunidad Autónoma “saldrá perdiendo” y garantizó que el
Gobierno añadirá recursos adicionales, en función de sus
disponibilidades presupuestarias, “para reforzar el Estado
del bienestar”.
“El nuevo modelo va a mejorar la financiación y ayudará a
que los ciudadanos reciban mejores servicios, pero las
Comunidades Autónomas deben asumir su responsabilidad y no
limitarse a pedir más recursos al Estado”, defendió el
vicepresidente segundo, quien repitió que la voluntad del
Gobierno de Rodríguez Zapatero sigue siendo la de alcanzar
un acuerdo “lo antes posible”.
“Unanimidad”
El responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, expresó
por su parte su disposición para negociar un nuevo sistema
de financiación autonómica que sea “aprobado por unanimidad”
de todas las comunidades autónomas, ya que, a su juicio, “es
la forma de garantizar que no haya perdedores ni ganadores”
en la nueva distribución de los recursos públicos.
Además, para satisfacción del Gobierno ceutí, Montoro volvió
a citar expresamente a la ciudad autónoma en su
intervención, tal y como ya hizo el PP en la denominada
‘Declaración de San Millán de la Cogolla’, cuyos principios
fundamentales son “la unidad de España, la solidaridad entre
todas sus regiones y nacionalidades, la igualdad de todos
sus habitantes y apoyar la reforma de los estatutos, siempre
que se produzca el doble acuerdo, tanto a nivel territorial,
como nacional”.
La Ciudad Autónoma de Ceuta, como Melilla, defiende que “el
debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica debe
basarse en instrumentos claros y transparentes para lograr
encontrar los mecanismos adecuados y suficientes para que
todas las autonomías con mayores dificultades puedan contar
con los recursos necesarios para financiar la prestación de
servicios”.
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congreso de los diputados
