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Las tres centrales sindicales con representación en la
Administración local iniciaran a partir del mes de
septiembre una campaña con medidas de presión para intentar
obligar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta a cumplir
con los acuerdos que firmó con los tres sindicatos en la
negociación colectiva, a saber: el pago de los fondos
adicionales pendientes desde 2006 y el 66% del complemento
específico de las pagas extraordinarias, principalmente.
La Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO)
y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF)
velan armas para a partir de septiembre, una vez pasadas las
vacaciones de verano, iniciar una campaña con todo tipo de
medidas de presión para obligar al Gobierno de la Ciudad
Autónoma a cumplir con lo que firmó con los tres sindicatos
en la negociación colectiva.
Pese a que la Ciudad Autónoma ha justificado el no
cumplimiento de los acuerdos en la supuesta ilegalidad y en
la coyuntura de crisis que se vive a nivel nacional y
especialmente en Ceuta, los sindicatos no están por la
labor, según afirman, de ser la única autonomía cuyos
trabajadores no cobren las pagas extraordinarias en los
plazos acordados a nivel nacional, así como los fondos
adicionales pendientes de ejecución desde 2006, además del
malestar del retraso en la puesta en marcha del Estatuto
Básico del Empleado Público (EBEP) o la no negociación del
Convenio y el Acuerdo Regulador. Todo ello ha hecho que
hayan llegado a la decisión de tomar la postura más dura, la
de presionar al Gobierno en la defensa de los intereses de
los trabajadores de la Administración local.
El pasado día 4 de diciembre de 2007 el viceconsejero de
Recursos Humanos, Ángel Javier Díez Nieto, estampó su firma
en un documento que rubricaron también los sindicalistas
José Mata y Juan Carlos Perez por UGT, Gonzalo Barredo por
CCOO y Manuel Peña por CSI-CSIF ante Juan Jesús Vivas y
Pedro Gordillo, presidente y vicepresidente de la Ciudad
Autónoma, que dieron el visto bueno al acuerdo.
Ese documento comprometía a contemplar en los Presupuestos
Generales de 2008, mediante crédito global o
individualizado, los fondos adicionales pendientes de
aplicar en los ejercicios de 2006 y 2007, por importe del
0,3 por ciento de la masa salarial de cada uno de los
ejercicios indicados.
En ese mismo acuerdo entre Gobierno y sindicatos se resolvía
abonar en las pagas extras de los meses de junio y diciembre
de 2008 el 66 por ciento del complemento específico. Algo
que la Administración local ya ha anunciado que no va a
hacer tras determinar el MAP que es ilegal. La misma
estrategia va a seguir el Gobierno en lo que respecta a los
fondos adicionales atrasados, para lo que pedirá un informe
al MAP para que determine si es legal o no.
No obstante, el documento firmado con los sindicatos
afirmaba en su último punto que la viabilidad presupuestaria
de estos acuerdos se acreditaría de manera alternativa
mediante modificación del proyecto del Presupuesto de 2008 o
a través del informe favorable emitido por los servicios de
Intervención, algo que, según los sindicatos, no se ha
hecho.
Así pues, las centrales se han encontrado con que de los
cuatro puntos de los que consta el acuerdo sólo se ha
cumplido con el abono en la nómina del pasado mes de enero
del 33 por ciento del complemento específico correspondiente
a la paga extra de diciembre de 2007; y los sindicatos están
preparando una campaña de presión que comenzará a partir del
próximo mes para intentar obligar al Gobierno a que cumpla
lo negociado.
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