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Familias con hijos compuestas por un miembro de la pareja de
progenitores español y otro de nacionalidad marroquí, aún
con toda su documentación para vivir en España en regla, han
denunciado a los Ejecutivos de Ceuta y Melilla y a la
ministra de Igualdad, Bibiana Aída, su exclusión del cobro
del denominado ‘cheque bebé’ que por valor de 2.500 euros
empezó a pagar el año pasado el Gobierno socialista.
El ciudadano melillense Eduardo Florensa Conesa, casado con
una ciudadana marroquí legalmente desde el día 26 de enero
del 2007 “aunque debido a las dificultades que te impone la
ley para los trámites de matrimonio y residencia, ella tiene
su residencia legal desde el 26 de marzo del mismo año” ha
sido el primero en dirigirse a todas las administraciones
para denunciar que “en la Seguridad Social de Melilla me he
encontrado con la sorpresa de que no tengo derecho a dicha
ayuda para mi tercera hija, la que va a nacer próximamente,
a pesar de ser tan española como lo son sus hermanos”.
“Discriminatorio”
“En la Seguridad Social me informan de que es porque mi
mujer no reside de forma legal efectiva y continuada en
territorio español desde hace dos años”, lamenta Florensa en
la misiva que ha remitido a Aído, Vivas e Imbroda, en cuyo
texto advierte de que “si el Gobierno central se aferra a la
Ley sobre Prestaciones Económicas aprobadas, contemplo esto
como una ley anticonstitucional y discriminatoria, por hacer
distinciones por las circunstancias geográficas de Ceuta y
Melilla, ya que de usted y su Gobierno es sabida la amplia
población musulmana española existente en ambas”.
“¿Por qué un hijo de una ciudadana española con un no
comunitario tiene derecho a la prestación por nacimiento sin
que al padre se le exija la residencia de forma legal,
efectiva y continuada en territorio español durante al menos
dos años?”, pregunta el padre en su carta, donde dice
sentirse “discriminado” y exige a Aído “que trabaje en su
despacho de Igualdad para que solucione este tipo de
problema de parejas de distinta nacionalidad y con hijos”.
La ley que regula las prestaciones por nacimiento o adopción
de un hijo establece que tendrán derecho a percibir una
ayuda mínima de 2.500 euros todas las madres que hayan
tenido o adoptado un bebé desde el 1 de julio de 2007,
aunque advierte de que “para pedir esta subvención hay que
tener la nacionalidad española o haber residido en España
durante al menos dos años antes del nacimiento del hijo o su
adopción”. La prestación se incrementa hasta los 3.500 euros
en los casos de familia numerosa, monoparental o cuando la
madre o el hijo tengan una discapacidad igual o superior al
65%. Casi mil familias ceutíes y 813 melillenses ya han
recibido esta ayuda.
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