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Las tres centrales sindicales con representación en la
Administración local coincidieron ayer, tras mantener una
reunión con el consejero de Gobernación, José Antonio
Rodríguez, y el superintendente jefe de la Policía Local,
Ángel Gómez, en amenazar con ir al Tribunal de lo
Contencioso Administrativo si se realiza una reorganización
del servicio del 092 sin pasar por la Mesa Negociadora de la
Ciudad Autónoma, lo que implicaría el cambio de puesto de
diez agentes por supuesto bajo rendimiento.
La secciones en el Ayuntamiento de la Unión General de
Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO) y la Central
Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF)
advirtieron ayer a la Administración local que acudirán a
los tribunales de Justicia si se realiza una
reestructuración que consideran ilegal, al no pasar por la
Mesa Negociadora de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Los delegados de los tres sindicatos tuvieron ayer una
reunión informativa con el consejero de Gobernación, José
Antonio Rodríguez, y el superintendente jefe de la Policía
Local, Ángel Gómez, en la que les comunicaron que se movería
de puesto a diez agentes locales por bajo rendimiento,
basándose, según denunciaron los sindicatos, en las bajas
por enfermedad que han cogido en los últimos meses.
Según los sindicalistas, se trata de algo irregular, por lo
que pidieron al consejero de Gobernación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma que facilitase por escrito los motivos de
esta reestructuración para pasárselo a sus respectivas
asesorías jurídicas y acudir, si procede, al Tribunal
Contencioso Administrativo, algo que creen que ganarán, ya
que cualquier cambio de este tipo tiene que pasar por la
Mesa Negociadora.
Además, según manifestaron tanto UGT, como CCOO como CSI-CSIF
los agentes que son objeto de un cambio que les perjudicaría
salarialmente entre 150 y 300 euros. Así, el ugetista Rafael
Tineo invitó a que “si han cometido cualquier falta les
abran expediente, algo que no pueden hacer porque no la han
cometido”.
Por su parte, José Antonio López, de CCOO, aseguró que para
hacer esta reestructuración “necesitan presentar un informe
previo con los motivos en la Mesa Negociadora, esa es la via
reglamentaria”.
Los diez agentes afectados son policías que patrullan en los
denominados vehículos Z, de seguridad ciudadana.
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