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Según palabras de su director,
Raimundo Aragón, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
es, literalmente, “un servicio público al que corresponde
ejercer la vigilancia del cumplimiento de las normas de
orden social y exigir las responsabilidades correspondientes
en caso de infracción o incumplimiento”. Además de esta
función de policía social encargada de velar “para que se
respeten los derechos y facultades establecidos en el
ordenamiento jurídico”, el organismo dependiente del
Ministerio de Trabajo e Inmigración está llamado también a
informar, asesorar y advertir, a los agentes sociales de por
dónde deben guiar sus pasos para cumplir con sus respectivos
deberes y obligaciones, y a los órganos jurisdiccionales o
administrativos a solicitud de las irregularidades que
advierten en dicho cumplimiento. Durante un tiempo en la
ciudad autónoma dio la impresión de que existía una ‘manga
ancha’ excesiva a la hora de controlar la contratación
ilegal de trabajadores, tanto extranjeros como nacionales,
en determinados sectores de su estructura productiva. Sin
embargo, aunque seguramente no exista una relación
causa-efecto entre ambos hechos, la incorporación a las
listas del desempleo, ya de por sí abultadísimas, de la
última promoción que trabajó en los Planes de Empleo de
Ciudad y Delegación se vio seguida de una rápida y plausible
reacción por parte de ambas instituciones, que en el nuevo
clima de fértil colaboración creado supieron poner a
disposición de este organismo todos los medios a su alcance
para atajar un fenómeno que amenazaba con viciar el sistema
gracias a las grandes ventajas a corto plazo que ofrece para
los empresarios sin escrúpulos la incorporación de
trabajadores transfronterizos sin permiso, sin Seguridad
Social y sin ningún derecho casi ni a queja. En apenas dos
meses los resultados están a la vista. Casi un centenar de
actas levantadas en tan corto espacio de tiempo demuestra
que existía un problema, pero también que se ha sabido
reaccionar. Ese trabajo debe continuar.
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OPINIÓN / EDITORIAL
