La conducción del estado de bienestar
 

Víctor Corcoba Herrero
corcoba@telefonica.net
 

Que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos estén más tiesos que la mojama, ponen en entredicho los servicios públicos de primera necesidad como es la sanidad, la educación o los mismismos servicios sociales. Si en verdad importa la calidad de vida de los ciudadanos hay que tomar cartas en el asunto y dejarse de los cuentos de la lechera o del engaño permanente. Si acaso lo que hay potenciar es la solidaridad interterritorial y la garantía de igualdad de los servicios públicos en todo el país. Por ello, es cierto que no se pueden tratar de igual forma unas regiones y otras. Pero de ahí, a la estupidez de los privilegios, va un océano. Que haya Comunidades más ventajosas unas que otras, lo que pone de manifiesto es el poco talante democrático y social con el que conducimos la vida.

Lo que ha hecho el número uno de la coalición ICV-EUiA por la provincia de Tarragona en las últimas elecciones generales y concejal del Ayuntamiento de Torredembarra, Lluís Suñé Morales, instando en un comentario colgado en su blog a apadrinar a los niños de Extremadura por “1.000 euros al mes”, me parece una salida de mal gusto. En su particular forma de protestar contra el actual sistema de financiación autonómica, Lluís Suñé ilustra su post con una foto de dos niños medio desnudos y sucios, y dos lemas, uno en inglés: SOS Extremadura needs you (Extremadura te necesita) y otro en catalán: Un 8,7% del PIB catalán no es suficiente, apadrina un niño extremeño por 1.000 euros al mes. Suñé completa la mofa del fotomontaje con los logotipos del Gobierno de España y de Unicef. Actitudes de este tipo suelen ocultar una insolidaridad manifiesta. Y además, en cualquier caso, la ironía está a años luz del descaro. Tiene otro arte, el del respeto. Y máxime cuando se trata de personas que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Vamos a tener que darle la razón al escritor Jardiel Poncela, cuando dijo que “el que no se atreve a ser inteligente, se hace político”.

Dicho lo anterior, pienso que tampoco se puede legislar por legislar, transferir sin contemplar financiación. La tan rentabilizada ley de atención a la dependencia, hoy es un claro ejemplo de tomadura de pelo. A las Comunidades hay que proveerlas de recursos necesarios, tanto iniciales como para el tiempo, para que los servicios transferidos no se queden sólo en el espíritu de la ley o en la prestación de un mal servicio. El afán recaudatorio de algunas administraciones, vía subida de impuestos, es otra puñalada trapera al ciudadano. El Estado es el que debe prever y proveer financiación suficiente para llevar a buen término lo transferido. No es de recibo que sólo a base de incrementar los tributos se asegure la financiación de servicios sociales de primer orden. Lo que hay que tener claro, es que un sistema de Estado de Bienestar que aminore las diferencias sociales es tan justo como necesario. Manos a la obra, pues.