Así es. Lo cierto es que no son muchos los que deben pasar [lalguno
ya lo ha hecho] por las dependencias policiales donde tras
tomarse declaración a los que pueden aportar luz, se sacan
indicios claves de por dónde pueden ir los tiros. Y es que,
ante el trabajo policial la colaboración debe ser
determinante so pena de enfrentarse a una acusación de
‘obstrucción a la Justicia’.
La Policía ha conocido el proceso llevado a cabo en esta
convocatoria al objeto de seguir una pista clara, o abrir
una vía de investigación a partir de algunas de las fases de
las que consta un procedimiento administrativo para una
convocatoria de oposición. A saber: Todo se inicia en 2006
con la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Ceuta [BOCCE] y posteriormente en el Boletín Oficial del
Estado [BOE] de la convocatoria de 9 plazas para la Policía
Local. En el documento público oficial quedan perfectamente
determinadas las bases de estas oposiciones. Bases y
convocatoria que se producen antes de la aprobación del EBEP,
documento regulador de la Función Pública por el que, entre
otras normas, no permite la participación de políticos en
los tribunales de oposición.
Llegado el momento, superado con creces los plazos
pertinentes, la Viceconsejería de Recursos Humanos pone en
marcha la maquinaria necesaria para organizar el buen
desarrollo de esta convocatoria. Para ello se nombra un
presidente [se decide que sea el mismo viceconsejero de RRHH]
y se conforma el Tribunal con tres personas representativas
de cada uno de los sindicatos mayoritarios en la Asamblea
[UGT, CCOO y CSI CSIF], otras tres personas forman parte de
la Administración y se nombra un secretario para terminar de
completar una Mesa de ocho miembros que preside finalmente,
Javier Angel Díez Nieto.
A partir de ahí y, en función de las pruebas previstas en la
convocatoria, se cuenta con el colegio de Psicólogos de
Ceuta dado que son ellos, los profesionales, quienes pueden
valorar adecuadamente el nivel de los opositores. Así las
cosas, algunos representantes del Tribunal solicitan conocer
casi el qué y el cómo del desarrollo de esta concreta
prueba. Se trata de un formato general para este tipo de
pruebas en el que se valora la inteligencia, la capacidad,
la aptitud.... De modo que, efectivamente, en una reunión,
se da conocimiento del modelo que se elegirá para los tests.
Una empresa sevillana, T.E.A. [de la que informó este medio]
se encargó de enviar los documentos, cosa que sucedió el
pasado día 23. Llegaron en una caja cerrada que guardó y
custodió el secretario del Tribunal en la Viceconsejería de
Recursos Humanos. La Policía sigue con atención los pasos de
esos exámenes, no ya desde que llegaron, sino desde el mismo
día en que se tuvo conocimiento, en la Mesa del Tribunal,
del modelo concreto y tipo de test que iban a plantearse.
El viernes 25 de julio fue el día de los hechos. Diez
minutos antes del inicio de la primera prueba, el Tribunal
se reunió -como es costumbre procedimental- y fue ahí donde
el representante de UGT anunció y mostró que en su poder
tenía dos modelos de preguntas de los cuatro que los
opositores debían enfrentarse minutos después. El resto ya
es conocido. La determinación fue suspender la prueba y
presentar la denuncia oportuna ante la Fiscalía por si la
irregularidad detectada pudiera haber incurrido en alguno de
los delitos tipificados expresamente en el Código Penal.
¿Cómo llegaron a poder del representante de UGT los
documentos?. Es la primera pregunta que se le realizó, en
Fiscalía, a este miembro del Tribunal. Supuestamente, así
consta en sus respuestas, llegaron por correo anónimamente
en un sobre del que ya se deshizo. Por su parte, el
presidente del Tribunal se ratificó ante el fiscal sobre la
denuncia presentada y colabora estrechamente en la
investigación policial [sabe cómo hacerlo], no en vano ha
desarrollado su labor como investigador en los últimos
veinte años dada su condición de inspector de la Policía
Nacional en diferentes Brigadas de Policía Judicial.
Hasta la fecha, por las dependencias de la Jefatura
Superior, ha pasado una sola persona miembro del Tribunal.
En concreto la que tuvo contacto directo con la caja donde
llegaron los exámenes. El día 23 los recibió el secretario y
los guardó bajo llaves hasta el día 25 cuando se preparaban
para el día del examen. En cualquier caso, la Policía va a
citar a todos los que, de algún modo, tuvieron acceso a
ellos o pudieron conocerlos.
En declaraciones a EL PUEBLO, el viceconsejero de Recursos
Humanos de la Ciudad Autónoma, Javier Angel Díez Nieto, se
ha mostrado esperanzado en que las investigaciones
fructifiquen y den con los presuntos culpables, o con el
presunto culpable “porque ya está bien de tanto rumor
infundado y que ante la sociedad cobran carta de la
naturaleza en relación a permanentes irregularidades en la
administración”. La Ciudad quiere llegar hasta el fondo de
la cuestión y que se localicen a los responsables, así lo
declaró también el presidente del Gobierno, Juan Vivas quien
recordó que fue la propia Ciudad la que denunció este hecho
“precisamente para despejar todas las dudas” y, de igual
modo, se pronunció a favor de que se llegue hasta el final y
el culpable o los culpables puedan ser definitivamente
señalados.
Cuando la investigación policial culmine [no hay tiempo
límite por el momento], aunque no es muy dificultosa, se
presentarán las pruebas ante la Fiscalía que es la que, con
los informes en la mano, decidirá si son suficientes como
elementos probatorios para imputar a los presuntos culpables
en sede judicial.
Si como consecuencia de la labor de investigación en la toma
de declaraciones de los ‘testigos’ o personas vinculadas a
este concurso oposición, se deduce alguna culpabilidad y se
inicia el juicio correspondiente, la persona o personas
culpables que pudieran ser así considerados por el Juez [al
término del proceso iniciado] podrían enfrentarse a las
penas estipuladas en función del delito tipificado en el
Código Penal. Caso de que resultara como culpable algún
funcionario público, podría enfrentarse a inhabilitación,
cuanto menos.
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