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El presidente del PP, Mariano Rajoy, y los presidentes
autonómicos y regionales del Partido Popular han aprobado
hoy, en San Millán de la Cogolla, un decálogo que recoge las
bases para la reforma del sistema de financiación autonómica
planteada por el Gobierno. El nuevo modelo, a juicio del PP,
debe estar inspirado en los principios de generalidad,
estabilidad, suficiencia, autonomía, solidaridad y
coordinación.
1.- El Sistema de Financiación debe ser plenamente
respetuoso con la Constitución y con los principios
esenciales que se desprenden de ella. En concreto, la
solidaridad interterritorial, la suficiencia financiera de
las Comunidades Autónomas y la garantía de igualdad de los
españoles en el acceso a los servicios públicos con
independencia del lugar donde residan.
Además, la reforma debe aprobarse con el mismo grado de
acuerdo que el obtenido por el actual sistema. Esto es, la
unanimidad de todas las Comunidades Autónomas de régimen
común.
2.- El Consejo de Política Fiscal y Financiera debe ser el
foro donde se consensúe y se concrete la propuesta de
reforma. Uno de los principales activos del sistema actual
fue el amplio consenso alcanzado en su aprobación. En
consecuencia, y de cara al futuro, la reforma ha de ser
discutida y consensuada en este órgano multilateral, sin
perjuicio del papel ejercido por las Comisiones Mixtas
correspondientes, de refrendo del acuerdo general.
3.- El sistema debe cumplir el principio de generalidad,
contemplando la financiación de todos los servicios
traspasados a las Comunidades Autónomas, incluida la
Atención a la Dependencia. Este carácter integrador fue uno
de los principales avances conseguidos por el actual sistema
a través de la incorporación
de los servicios de asistencia sanitaria y de los servicios
sociales de la Seguridad Social. En la legislatura anterior,
se configuró un nuevo sistema nacional de atención a la
dependencia, que debe estar incluido en el nuevo modelo.
4.- El sistema de financiación que se apruebe debe tener una
vigencia indefinida. El sistema debe estar exento de
revisiones quinquenales. La vocación de permanencia del
Sistema de Financiación es una exigencia del principio de
estabilidad y debe ser reflejo de la madurez y la
responsabilidad del Estado de las Autonomías.
5.- Debe garantizar la suficiencia financiera de las
Comunidades Autónomas. Es decir, debe proveer los recursos
necesarios para que las regiones puedan prestar los
servicios transferidos del Estado con un nivel estándar de
calidad. Este principio debe cumplirse tanto en el punto de
partida como a lo largo del tiempo.
Esto supone, en primer lugar, que el cálculo inicial de la
financiación de las regiones debe basarse en sus necesidades
de gasto, estimadas a través de un sistema objetivo y
transparente de variables. El modelo establecerá, además,
una garantía inicial de mantenimiento del status quo. En
segundo lugar, el modelo debe garantizar la provisión de
recursos suficientes en el tiempo. La primera variable para
determinar las necesidades de gasto de las Comunidades
Autónomas será la población real.
6.- Las Comunidades Autónomas deben recibir los recursos
necesarios para la financiación de sus servicios a través de
impuestos recaudados o parcialmente cedidos en su región,
como recurso principal, y como elemento esencial de su
corresponsabilidad fiscal. En ningún caso la mejora de la
financiación para las Comunidades Autónomas puede contener
una subida de impuestos.
Nunca será aceptable una subida de impuestos como solución
total o parcial al modelo de financiación autonómica. Es
más, el Partido Popular nunca aceptará que los recursos
adicionales que se aporten al sistema estén de alguna manera
condicionados a incrementos impositivos.
7.- La solidaridad debe ser irrenunciable, siendo así que
cualquier modelo que se apruebe debe asegurar los recursos
suficientes a las regiones para prestar los servicios
transferidos, con independencia de su capacidad fiscal. Esta
solidaridad habrá de
instrumentarse, en términos estáticos y dinámicos, a través
del fondo de suficiencia, permitiendo a las regiones con
menor capacidad tributaria cubrir la diferencia entre sus
necesidades de gasto y la recaudación tributaria asignada
por las distintas figuras tributarias cedidas y compartidas.
8.- Deben incrementarse las competencias normativas y
gestoras de las regiones sobre los tributos cedidos y
compartidos pero respetando la eficacia y la armonía de la
que actualmente goza nuestro sistema fiscal, que constituye
un ejemplo entre otros países federales y entre algunos
órganos internacionales.
9.- En materia de gestión tributaria, el sistema debe
avanzar en el impulso de fórmulas de colaboración y
coordinación entre los servicios tributarios de las
Comunidades Autónomas y la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
Sin embargo, no se debe alterar en lo esencial la actual
distribución de competencias de gestión tributaria entre el
Estado y las Comunidades Autónomas, la cual tiene una
eficacia más que contrastada y constituye una referencia a
nivel internacional.
10.- Dada la especial naturaleza de las Ciudades Autónomas
de Ceuta y Melilla - su situación de extra-peninsularidad,
de ser frontera terrestre de la U.E., la escasez de recursos
en territorio propio, la reducida superficie y la elevada
densidad de población - el modelo de financiación deberá
contemplar el incremento de costes de prestación que ello
supone, con un tratamiento específico y adecuado.
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OPINIÓN
