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El 2 de febrero esta columna era,
con mucha antelación, la primera en España y Marruecos en
llamar la atención sobre el importante alijo de armas
encontrando en Nador, dentro de una controvertida operación
que supuso el desmantelamiento de una compleja red
terrorista belga-marroquí con numerosas ramificaciones
dirigida por Abdelkader Belliraj, y que supuso, más
adelante, la prohibición de las formaciones políticas
islamistas “Al Badil Al Hadari” y el “Partido de la Umma”,
que habían llegado a presentarse en las elecciones de
septiembre en Marruecos, así como la detención de entre
otros seis conocidos políticos: cuatro de estos partidos
políticos, otro del PJD y uno del PSU. En una declaración
oficial a finales de febrero, el ministro de Interior,
Chakib Benmoussa, pasó por alto cualquier presunción de
inocencia dando incluso a conocer datos de un dossier que se
encontraría, todavía, en manos de la policía judicial. Pero
el Estado, con este peligroso e inusual precedente, parecía
decidido a todo adelantando el veredicto…
Durante el pasado congreso del PJD, el 19 y 20 de este mes,
tuve ocasión de intercambiar opiniones con el presidente del
grupo parlamentario de este partido y uno de los abogados de
los seis políticos acusados, Mustafá Ramid, quien por cierto
ha sufrido recientemente un oscuro episodio de espionaje en
su despacho profesional. Ramid, como el resto de sus
colegas, está convencido de la inocencia de sus clientes
encarcelados en la prisión de Salé, matizando igualmente que
“si creyéramos en su culpabilidad, ninguno participaríamos
en su defensa”.
Pero, ¿cuál es el estado actual del dossier?. Casi seis
meses más tarde el procedimiento está empantanado en más de
2000 páginas, mientras el equipo de abogados de los seis
políticos procesados denuncia graves irregularidades,
llegando a -según afirma el letrado Khalid Sefiani- “ignorar
hasta los cargos que pesan sobre nuestros clientes”, puesto
que extrañamente la defensa no ha tenido al parecer acceso
al dossier de la acusación, vulnerándose la ley, lo que
llevaría a solicitar la recusación del juez Abdelkader
Chentouf al ser considerado responsable de la situación. Una
de las claves que implicaría a los políticos detenidos
habría sido la declaración del propio Belliraj (a quien se
le habrían probado contactos con el terrorista saudí y
cofundador de “Al-Qaïda”, Osama Ben Laden, así como con el
“emir” del “Grupo Islámico Combatiente Marroquí”, GICM,
Mohamed Guerbouzi), quien habría confesado haber pertenecido
a la rama armada clandestina del partido “Al Badil Al Hadari”,
confirmando la hipótesis según la cual esta formación
política así como el “Partido de la Umma” tendrían una
estructura paralela similar a la de la antigua “Chabiba
Islamiya” (Juventud Islámica”. Para el lector español, algo
similar a la relación Herri Batasuna-ETA. Para complicar más
las cosas, Belliraj habría señalado como intermediario al
político Maâ El Ainin Abdla, en prisión pero elegido como
miembro del Consejo Nacional del PJD en el último congreso
del partido celebrado recientemente en Rabat… Todos estamos
de acuerdo, en Marruecos o en cualquier otro país, en luchar
a brazo partido contra la lacra terrorista, islamista o de
cualquier otro género pero, ¿es legal, ético y hasta
práctico hacerlo saltándose el Estado de Derecho…?.
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OPINIÓN / SNIPER
