|
El presidente del Tribunal calificador de la oposición para
las nueve plazas de Policía Local presentó ayer ante
Fiscalía la denuncia pertinente ante la comprobación de que
dos copias del examen correspondiente a la prueba
psicotécnica estaban en circulación antes del inicio de la
prueba, según mostró el representante de UGT en la reunión
previa del Tribunal. Hecho que motivó la paralización del
proceso y la denuncia por si los hechos fuesen constitutivos
de delitos tipificados en el Código Penal.
Los 54 candidatos a nueve plazas para la Policía Local
deberán esperar hasta el mes de septiembre para proseguir la
fase del concurso-oposición previsto ante la paralización
que el proceso ha sufrido al detectarse la presencia de
copias de la prueba psicotécnica antes del examen previsto
para ayer a las nueve de la mañana.
La sorpresa de la jornada la aportó el representante
sindical de UGT, miembro del Tribunal calificador, cuando
aportó, en la reunión previa del inicio del examen, la
contundente prueba de que existían copias previas del test
que los candidatos se disponían a contestar sólo cinco
minutos después.
En ese momento, el presidente del Tribunal, a la sazón,
viceconsejero de Recursos Humanos mostró la indignación y
tras convenirlo con los restantes miembros [cuatro de la
administración y tres de los sindicatos], se decidió
suspender la prueba, amen de la inmediata denuncia ante
Fiscalía de los hechos, por si éstos fuesen constitutivos de
delito.
Algunos minutos de la hora prevista para el inicio del
examen, el presidente junto a los miembros del Tribunal
anunció a los 54 aspirantes la suspensión momentánea de las
pruebas “por razones técnicas”.
Angel Javier Díez ha manifestado que este hecho es
“denigrante” y supone una “falta de respeto evidente” a la
legalidad además de un “atentado a la limpieza y a la
ecuanimidad de los valores del mérito, capacidad e
igualdad”. Se ha abierto una investigación y la Fiscalía
tiene ahora en su mano la denuncia presentada por la Ciudad
Autónoma. El viceconsejero y presidente del Tribunal valora
“negativamente” los acontecimientos porque con esta
“irresponsable actuación de la persona que ha logrado
extraer el documento, se ha perjudicado a todos los
aspirantes y ha provocado el retraso del proceso”. Para Díez
estos hechos son “intolerables”.
UDCE-IU
No ha pasado desapercibido el hecho para el primer partido
de la oposición que ha aprovechado esta cirunstancia para
exigir la “depuración política-administrativa” de esta
irregularidad al objeto de determinar las responsabilidades
que pudieran desprender de este “vergonzoso suceso”, dado
que señala a la Viceconsejería de Recursos Humanos como “la
garante de este proceso” y la que debe asumir “su
responsabilidad dando la cara”, han señalado en una nota de
prensa. La formación de Mohamed Ali entiende que es la
Viceconsejería de RRHH la que debe “velar por la
transparencia del procedimiento”.
CCOO
Por su parte, Comisiones, presente en el Tribunal denuncia
la “vulnerabilidad del proceso” ante la certeza de que dos
de los cuatro exámenes habían sido “filtrados”.
|
irregularidad 
