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Ha sido necesario que el presidente de la Ciudad, Juan
Vivas, tome parte en el asunto de las multas que se han
dejado de cobrar en la Policía por culpa de una “mala
gestión”, como denunciaron los sindicatos desde hace un año.
La máxima autoridad del Palacio Autonómico se ha reunido con
el consejero de Gobernación y con el superintendente jefe
con el objeto de que vuelva a existir la figura de un
técnico jurídico que informe al instructor y que se agilice
el cobro de las multas.
La gestión de las multas de la Policía Local va a volver a
su cauce después de que haya tenido que salir a la luz
pública, por medio de los sindicatos, una “mala gestión”
hecha por la Consejería de Gobernación en cuanto a la
recaudación de sanciones. Al menos 1.100 multas han dejado
de recaudarse en el último año, después de que un
funcionario tuviera que asumir a la misma vez el puesto de
técnico jurídico e instructor. Este hecho provocó la
caducidad de un número inapropiado de multas, algo que la
Ciudad no se puede permitir en estos momentos y que ha
obligado al presidente de la Ciudad a tomar parte en el
asunto, con varias reuniones celebradas esta semana.
Hay que recordar que la función de instructor y técnico
jurídico van por separado. El primero de ellos se encarga de
contestar a las alegaciones y da curso a las multas,
mientras que el técnico hace los informes que precise el
instructor. Hasta ahora era el titulado para ser técnico el
que debía hacer el papel de instructor, teniendo que hacer
los trabajos de instructor informándose a sí mismo a la vez.
Este caso era insostenible y la bomba ha explotado con la
consecuencia de la pérdida de miles de euros para la
Administración local.
Ahora, todas las multas que están en trámite de segunda
alegación necesitan ser respondidas antes de que prescriban,
ya que, como denunció José Miguel Antúnez, delegado sindical
de UGT en la Policía Local en la Federación de Servicios
Públicos, “hay 100 sanciones que han prescrito ya de las 300
que están en segundas alegaciones”.
Con esta cifra ya serían aproximadamente 1.200 personas las
que se han librado de pagar sus multas. Los sindicatos,
además, lamentaron que sea un año el que llevan “avisando” a
la Policía del problema existente y se sienten “muy
descontentos” con la gestión realizada por la Consejería de
Gobernación.
Antúnez salió en defensa de la funcionaria “a la que
trataron de inculpar en este asunto, cuando ella era un mero
peón, al que se le trasladó mediante un decreto a la
Consejería de Fomento incluso estando de baja maternal”.
El delegado sindical lamentó que existan otros asuntos como
“el tema del gimnasio, dotación de personal, de modificación
de vestuarios, donde nos ha mentido”.
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