Ya publicamos la pasada semana que el consejero de Hacienda
de la Ciudad Autónoma , Francisco Márquez, recibió con
satisfacción los diez puntos que defenderá la Administración
General del Estado en la reunión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera que tendrá lugar hoy martes en la sede
del Ministerio de Economía y Hacienda.
La Ciudad se muestra satisfecha porque el Ejecutivo central
ha entendido las razones argüidas por el gobierno
autonómico, ‘reducida superficie, alta densidad poblacional,
falta de recursos básicos, extrapeninsularidad y ser
frontera terrestres con un país no europeo’ son las bazas
claras que la Ciudad ha mantenido para lograr que el Estado
reconozca las dificultades de una economía más productiva en
un territorio como Ceuta con tantos hándicaps.
El Gobierno remitió a las autonomías [que ya publicamos la
pasada semana] su propuesta de reforma del sistema de
financiación, para que la estudien antes de debatirla en una
reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera de hoy.
En esa reunión no se van a negociar cifras finales de lo que
se va a llevar cada autonomía, sino las distintas posturas.
“Aún queda un largo, difícil y complicado camino que
recorrer, aseguró el ministro Solbes”
Lo que sí tiene más claro el Ejecutivo es que todo marcha
como para que las ‘líneas generales’ estén posicionadas y
trazadas antes del 9 de agosto. Pero no será nada fácil
porque Los pactos dependen de la voluntad de todas las
administraciones que están en la negociación.
En la reunión del Consejo de Política Fiscal del 20 de mayo
pasado, Pedro Solbes adelantó parte de la propuesta: ceder a
las autonomías hasta el 50 por ciento del IRPF e IVA y hasta
un 58 de los impuestos especiales sobre alcohol, tabaco y
carburantes. El Estado se reservará el resto de esos
impuestos y el cien por cien del de Sociedades, para no
romper la unidad del mercado.
Pero el problema no va a venir de esa parte sino por las
variables a utilizar para los fondos de nivelación de
servicios en todas las autonomías. Máxime después de la
polémica publicación de las balanzas fiscales que revelaron
que Madrid, Baleares, Cataluña y la Comunidad Valenciana
aportan más de lo que reciben. Estas son, precisamente las
comunidades que ya ha solicitado que el aumento de población
hasta 2007, incluso con un factor de corrección más a su
favor,como puede ser la inmigración, sea el elemento
determinante del nuevo sistema de financiación. Situación de
la que ya se han pronunciado en contra comunidades como
Asturias, Extremadura, Galicia, Cantabria, Castilla y León o
Castilla-La Mancha que además son las regiones más
despobladas,y con una población más mayor [en edad media]
que las de primera velocidad.
Son estas regiones (junto con Canarias, que aspira a
introducir la insularidad como factor de corrección) las que
no están dispuestas a asumir la tesis de Cataluña de que el
aumento de impuestos debería servir a las comunidades
«pobres» para financiar su educación o su sanidad. Estas
replican que en un contexto de crisis baja su recaudación,
ya de por sí más baja que en el arco mediterráneo.
La ‘batalla’ por la financiación autonómica no ha hecho más
que comenzar. Eso sí, Ceuta y Melilla ya cuentan, de
entrada, con la especial protección del Estado que, si no lo
remedian las restantes autonomías posicionándose en contra,
cualquier tipo de acuerdo, sea el que fuere, deberá
adaptarse a las especiales circunstancias de las dos
ciudades autónomas.
El consejero de Hacienda, Francisco Márquez asiste hoy a la
reunión en el Ministerio de Solbes y, aunque la posición de
Ceuta parte con la ventaja de conocer la postura de la
Administración General del Estado, el representante ceutí
deberá estar atento a cualquiera de las lindezas que
pudieran proceder de las demás autonomías en sus
contrapropuestas.
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Plan de inversión para ayudar a paliar la crisis en Ceuta
El Gobierno autónomo, consciente
de la situación económica que sobreviene a la ciudad, se
encuentra preparando un Plan, para el próximo quinquenio,
destinado a desarrollar y ejecutar obras necesarias de
equipamientos y de mejora de infraestructuras que sirvan
para, primero, recuperar el tiempo de inactividad en estos
ámbitos y, segundo, para la creación de empleo. En estos
momentos el sector de la construcción en Ceuta, en plena
ralentización de su actividad, está generando la mayor bolsa
de desempleados a lo largo de los últimos meses. De modo que
con las actuaciones que pretenden desarrollar el Ejecutivo
autónomo sobre unos 90 millones de euros de coste, puede
revertir en menos paro.
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