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El Tribunal Supremo, que resolvió ayer los recursos contra
la sentencia del 11-M de la Audiencia Nacional,
prácticamente cierra el proceso judicial que se inició con
el mayor atentado de la historia de España y sólo deja ya la
puerta del recurso tanto al Tribunal Constitucional como a
las instancias europeas.
Estas dos vías sólo podrán ser utilizadas en los casos en
los que durante el juicio, que duró poco más de cuatro
meses, la acusación o las defensas hayan denunciado que se
hubiera vulnerado algún derecho fundamental de los acusados,
lo que hicieron en realidad la mayor parte de las defensas.
Entonces, han explicado fuentes judiciales, podrán presentar
un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en un
plazo de 30 días hábiles para que esta instancia estudie las
presuntas vulneraciones de derechos fundamentales alegadas
durante el procedimiento, como el de la presunción de
inocencia o la falta de un intérprete.
De ser rechazadas esas impugnaciones, la última instancia
que ya quedaría sería el Tribunal europeo de Estrasburgo.
El Supremo, que estuvo estudiando a principios de julio los
31 recursos presentados contra la sentencia que la Audiencia
Nacional emitió el pasado 31 de marzo de 2007, ha mantenido
la absolución de Rabei Osman El Sayed, “Mohamed el Egipcio”,
una de las decisiones más polémicas que adoptó ese tribunal
por las dudas que existía sobre su autoría intelectual de
los atentados. Su condena en Italia por un delito
equivalente al de pertenencia a banda armada, en una
resolución judicial en la que se hacía una alusión expresa a
la masacre de Madrid, fue lo que motivó su absolución por la
Audiencia Nacional, hoy ratificada por el Supremo.
Libres
El alto tribunal ha absuelto también a otros cuatro
acusados, Basel Ghalyoun y Mohamed Almallah Dabas, ambos
condenados a 12 años de cárcel por pertenencia a
organización terrorista; el ceutí, Abdelilah El Fadual El
Akil, a quien se le impuso una pena de nueve años por un
delito de colaboración con banda armada, y a Raúl González
Peña, “El Rulo”, que fue condenado a cinco años por
suministro de explosivos. Sin embargo, Antonio Toro, que sí
fue absuelto por la Audiencia Nacional, ha sido condenado a
cuatro años por tráfico de explosivos.
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