El vicepresidente económico, Pedro Solbes, prevé que la
negociación con las comunidades autónomas del nuevo modelo
de financiación autonómica será “difícil, complicada, larga,
y con tiras y aflojas”, aunque ha dicho que “por el Gobierno
no va a quedar” el que no se llegue a un acuerdo. Ha
insistido en que el esfuerzo fiscal de las comunidades “no
tiene nada que ver con el resultado de las balanzas
fiscales”, por lo que medir ese esfuerzo también formará
parte de la negociación que empieza el próximo martes, día
22, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a donde
acudirá el consejero de Hacienda, Francisco Márquez.
Ha precisado que los criterios de insularidad y lejanía, ya
están recogidos en la variable de población del actual
sistema, y que necesitará consenso para que se le de mayor
importancia en el nuevo modelo.
Propuesta del Gobierno
La propuesta del Ministerio de Economía se basa en 10
principios básicos.
1.Suficiencia global: el sistema garantizarán la
financiación de todas las competencias transferidas a las
CC.AA.
2.Garantía de financiación de los servicios públicos
fundamentales: el nuevo sistema garantizará que los recursos
tributarios cedidos por el Estado para la prestación de los
servicios básicos del Estado del Bienestar (educación,
sanidad y servicios sociales) sean iguales para todos los
ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.
3. Recursos adicionales para reforzar el Estado del
bienestar: los recursos adicionales que el Gobierno pueda
aportar, en función de sus disponibilidades presupuestarias,
servirán para mejorar la capacidad de financiación de todas
las CC.AA. en materias como la educación, la sanidad o los
servicios sociales. El reparto de stas cantidades tendría en
cuenta tanto la población actual de las CC.AA. como la
evolución experimentada en los últimos años. Este esfuerzo
adicional de la Administración General del Estado se
graduará temporalmente de acuerdo con la política de
estabilidad macroeconómica y presupuestaria del Gobierno.
4. Ajuste dinámico, statu quo y esfuerzo fiscal: la reforma
parte del compromiso de que ninguna Comunidad Autónoma
resultará perdedora con el nuevo sistema. El modelo
incorporará mecanismos de revisión anual automática que
permita su adaptación a la evolución de las necesidades.
Además, de forma quinquenal, podrían revisarse los elementos
estructurales del sistema y se tendrá en cuenta el esfuerzo
fiscal.
5. Variables de distribución y población ajustada: se
buscará un acuerdo para ponderar las variables de
distribución, especialmente la población.
6. Autonomía y corresponsabilidad fiscal: se elevará en
torno al 50% la participación de las CC.AA. en el IRPF, el
IVA y los Impuestos Especiales. Además, se incrementará la
capacidad normativa de las CC.AA. y se ampliará la
participación y la colaboración tributarias en el marco de
una mayor coordinación con la Administración General del
Estado, especialmente en el IRPF.
7. Lealtad institucional: se buscarán fórmulas que permitan
la aplicación efectiva de este principio y, en particular,
se tendrá en cuenta la eliminación del gravamen del Impuesto
sobre el Patrimonio.
8. Cesión de competencias en materia de revisión económico
administrativa: los tribunales económico-administrativos de
las CC.AA. serán competentes para revisar actos emanados de
los órganos autonómicos de gestión tributaria.
9. Mejora de la gestión financiera del sistema: se crearán
mecanismos para ajustar el sistema de entregas a cuenta a la
liquidación final.
10. Adaptación del modelo de financiación a Ceuta y Melilla.
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