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No es la primera vez que el Instituto Militar de Vivienda de
las Fuerzas Armadas (Imvifas) ha provocado las quejas por
parte de personas a las que pretenden enajenar de su
vivienda. La última denuncia publicada por este periódico
radica de abril de este año, cuando Julia Rején, la viuda de
un militar destinado en Ceuta, lamentó que el Imvifas
quisiera desposeerla de su casa después de que previamente
le hubieran asegurado desde el organismo militar que podía
continuar en su vivienda a pesar de la muerte de su marido.
El Imvifas no está realizando una gestión adecuada en la
ciudad. Aunque habría que demostrarlo con documentos
oficiales, a nadie se le escapa que algunos militares en la
reserva mantienen su empadronamiento en Ceuta y, por ende,
su vivienda militar en la ciudad autónoma para venir en
vacaciones y aprovechar las ventajas fiscales de esta región
norteafricana. Además, conocidos son los casos de civiles
que residen en este tipo de viviendas y que no son
fiscalizados de la misma manera que sí lo han hecho con
Julia Rején o el matrimonio formado por Fernando Gómez y Ana
María García, cuyo caso fue revelado ayer en EL PUEBLO.
Esta pareja tiene el caso en manos de abogados, pero el
desahucio de su casa se va a producir el día 24 de este mes,
mucho antes de que tengan posibilidad de luchar en un
juicio. Según indica la ley, Ana María y Fernando no
tendrían que tener problemas para continuar en su casa. Y es
que la ley les otorgaba en 1999 su vivienda con carácter
vitalicio. “La ley concede a su legítimo titular contractual
el derecho de uso con carácter vitalicio sobre la vivienda
militar adjudicada con anterioridad al 11 de julio de 1999”.
Es decir, cualquier militar que hubiera accedido a una
vivienda de Imvifas antes de 1999 dispondría de su casa de
por vida. Este matrimonio lo hizo en septiembre de 1986, 13
años antes. A pesar de que Fernando ha sido destinado desde
2003 a 2008, Ana María puede demostrar que desde 1989 ha
trabajado en Ceuta y que su casa nunca ha estado sola.
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contencioso 
