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“La Secretaría de Estado para la Administración Pública, por
la que se publica el Acuerdo Administración Sindicatos para
la ordenación de la negociación colectiva en la
Administración del Estado, convocó la reunión de
constitución de la Mesa Delegada del Instituciones
Penitenciarias”, señaló el coordinador de la Unión
Autonómica de Ceuta de CSI-CSIF, pero explicó que es el
Estatuto Básico del Empleado Público, de conformidad con la
Ley Orgánica de Libertad Sindical, el que fija la
composición de las Mesas Delegadas así como la
representación de cada organización sindical señalando que
ésta será la que existiese en la Mesa General, salvo que se
produjese la coincidencia exacta entre ámbito de negociación
y ámbito electoral.
“En el caso de Instituciones Penitenciarias no se produce
esta coincidencia, puesto que el personal funcionario que
trabaja en este ámbito fuera de la comunidad de Madrid
ejerce el derecho a elegir su representación unitaria en las
mismas unidades electorales que el resto de personal
funcionario de otros departamentos u organismos”, explicó
Manuel Domínguez, para quien “es claro que la legitimidad
para estar presente en esta Mesa Delegada corresponde
exclusivamente a CSI-CSIF, CCOO, FSP-UGT, ELA y CIG,
organizaciones presentes en la Mesa General de la
Administración del Estado”.
“A pesar de ello, nos hemos encontrado que la Administración
de Instituciones Penitenciarias había convocado a este acto
de constitución de su Mesa Delegada a organizaciones
sindicales que no cuentan representatividad suficiente para
estar presentes en ella”, lamentó el coordinador de CSI-CSIF
en Ceuta, lo cual, a juicio del sindicato, implica la no
asunción de las previsiones normativas derivadas de la LOLS,
del EBEP y del Acuerdo firmado en su desarrollo.
Como consecuencia, Domínguez manifestó que la representación
sindical formada por CSI-CSIF, CCOO y UGT, organizaciones
sociales presentes en la Mesa General de Negociación de la
Administración General del Estado, no han reconocido la
constitución de esta Mesa Delegada, a la vista de que la
misma no se adecuaba al ordenamiento jurídico en materia de
negociación colectiva en el ámbito de la Administración
General del Estado.
Según el coordinador de CSI-CSIF, la representación
democrática de la parte social está legitimada a través de
la LOLS y el EBEP, “normas aprobadas por el Parlamento
Español, en el que se encuentra representada la soberanía
popular, debiendo estar sujeta a estas normas y no a
cualquier otro juicio de valor que pudiera establecerse por
las autoridades de la Administración Penitenciaria”.
Por ello, Domínguez indicó que desde Madrid las tres
centrales sindicales mayoritarias en el ámbito de la
Administración General del Estado “hemos tomado la decisión,
como no puede ser de otra manera, de exigir el cumplimiento
de la Ley y el Derecho, no siendo aceptable cualquier otra
interpretación ajena”.
CSI-CSIF, según dijo el coordinador del sindicato en la
ciudad autónoma, se ha dirigido a la ministra de
Administraciones Públicas, al ministro del Interior, así
como a la Mesa General de Negociación de la Administración
General del Estado, al objeto de poner en su conocimiento la
situación “a fin de su adecuación al ordenamiento jurídico
vigente”.
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