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La consejera de Asuntos Sociales, Carolina Pérez, reclamó
ayer al Gobierno central un incremento de la financiación
para desarrollar las políticas migratorias en la ciudad.
Pérez realizón esta petición durante la reunión constitutiva
de la Conferencia Sectorial de Inmigración, que presidió en
ayer en Madrid el ministro del ramo, Celestino Corbacho.
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales sugirió durante la
Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada en Madrid un
cambio de criterios en el reparto del presupuesto que se
destina a las autonomías para estos apartados y dijo que
recibirán más dinero aquellas en las que más repercusión
tiene este fenómeno, aunque no dio más detalles de cuáles
van a ser esas regiones.
La consejera de Asuntos Sociales defendió un incremento de
los recursos económicos en una ciudad que sufre directamente
las consecuencias de la presión migratoria y celebró la
creación de esta Conferencia Sectorial, por cuanto “abre
nuevas posibilidades de colaboración” entre el Ejecutivo
central y los gobiernos autónomicos.
La reunión constitutiva sirvió también para que el
Ministerio presentara las bases de su política imgratoria,
que suponen un cambio sustancial en relación a la
legislatura pasada. Así, en la cita se habló de la
reagrupación familiar, que se va a limitar al cónyuge y a
los hijos menores de edad, y del Decreto de Retorno
Voluntario de los inmigrantes, por el que el Gobierno
ofrecerá a los extranjeros en paro una serie de incentivos
económicos para que vuelvan voluntariamente a sus países.
Para percibir estas cantidades, los inmigrantes deberán
renunciar a sus permisos de residencia y de trabajo, y
comprometerse a no volver a España en los tres años
siguientes, como mínmo. A partir de ese plazo pueden
solicitar su vuelta, aunque la Administración se reserva el
derecho a complacer o no su petición. En caso de que la
solicitud sea presentada a partir de cinco años, el Gobierno
se compromete a darle prioridad en las contratraciones en
origen que se produzcan.
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