Si prácticamente “la totalidad” de las plantillas fijas de
las constructoras que operan en la ciudad autónoma de Ceuta
son ceutíes y las subcontratas cuentan con “entre un 50 y un
60% de personal local” la idea de establecer un cupo de
contratación, directa o indirecta, del 10% del personal
total necesario para realizar los trabajos de obra pública
que adjudique la Ciudad se dirigirá de forma preferente a la
integración en el mercado laboral de las personas en riesgo
de exclusión social.
Así lo explicó ayer la consejera de Medio Ambiente y
portavoz del Ejecutivo ceutí, Yolanda Bel, tras la reunión
semanal ordinaria del Consejo de Gobierno local, que se
trasladó al miércoles a causa del “contratiempo” que surgió
el martes con el aplazamiento de la visita a Ceuta del
presidente del Congreso, José Bono, prevista inicialmente
para anteayer.
Bel llamó a los ceutíes a “no quedarse solamente con el mero
porcentaje” y, sobre el retrato de los contratados
actualmente en el sector de la Construcción, destacó que el
objetivo último de esta cláusula, que la Ciudad aplicará en
cuanto pase por Consejo de Gobierno, es “integrar en el
mercado de trabajo a los desempleados sin la especialización
necesaria y otros perfiles que los sitúen en colectivos
excluidos o en riesgo de exclusión social o laboral”.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y sus consejeros de
Economía y Hacienda, Guillermo Martínez y Francisco Márquez,
presentaron anteayer esta medida tras reunirse con el sector
local y con las principales constructoras nacionales que
trabajan en Ceuta.
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