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Considerando ruido “todo aquel
sonido calificado por quien lo padece como algo molesto,
indeseable e irritante” que interfiere en la actividad o
descanso de quien lo padece, la Consejería de Sanidad que
dirige Adela Nieto presentó una ambiciosa (e innovadora)
campaña para hacerle frente en nuestra ciudad, considerada
por diferentes entidades que se han dedicado al estudio de
su impacto la que implica mayores perjuicios para sus
habitantes de toda España.
Se habla, por tanto, de un problema que afecta a un gran
número de ceutíes. Las sociedades modernas cada vez están
más expuestas a este tipo de contaminación, la acústica,
invisible. El desarrollo de actividades industriales, el
transporte, la construcción y, en Ceuta, especialmente las
derivadas de distintos hábitos sociales de naturaleza lúdica
y recreativa traen como consecuencia un aumento de la
exposición al ruido. Los efectos que produce este tipo de
exposición varían en función de la intensidad, las
frecuencias emitidas y el tiempo de exposición al que nos
sometemos, pero el asunto ya había llegado a los juzgados en
diferentes ocasiones por parte de vecinos hartos de soportar
ruidos, a su juicio excesivos, especialmente durante las
noches.
El asunto ha puesto de manifiesto lo precario de la
Ordenanza que regula la respuesta oficial de protección de
los derechos de los ciudadanos, cuya renovación la
Consejería de Medio Ambiente y la de Gobernación aseguran
tener ahora “muy avanzada”. Con esa parte del problema en
vías de solución es justo señalar y elogiar el cariz
ciudadano que ha dado la Ciudad a su consulta sobre qué
tienen que decir los ceutíes sobre esta problemática para
ajustar la respuesta de la Administración a sus necesidades.
El recurso plebiscitario tiene a veces un matiz populista o
de descarga de la responsablidad oficial que reduce su
valor. En este caso el Gobierno acierta de lleno preguntando
primero para poner al servicio de quienes lo padecen una
protección eficaz frente al ruido.
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OPINIÓN / EDITORIAL
