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“Esto es sólo el principio, ahora están tirando pequeñas
cantidades pero si no los paramos esto será el nacimiento de
verdaderos vertederos de escombros” así indicó el número uno
de Los Verdes-Grupo Verde, Juan Redondo, la importancia de
una actuación rápida para detener la acumulación de desechos
procedentes de las actividades de la construcción en zonas
incontroladas. Antes las empresas no tenían que pagar una
tasa por desechar los escombros en las obras de ampliación
del puerto, ahora desde la apertura del basurero de inertes
de barranco Piniers se ha impuesto un precio a la actividad
que abarca entre los tres y quince euros por tonelada
dependiendo de los materiales que puedan contener los
escombros.
Redondo considera necesaria la recuperación del antiguo
cuerpo medioambiental para controlar este tipo de
actividades. El consejero de Gobernación, José Antonio
Rodríguez no lo ve así: “No es necesario, tenemos la Policía
que cubre el servicio medioambiental. Están para eso, para
hacer cumplir todas las ordenanzas”. El control que se ha
establecido para asegurar que los escombros terminen en
barranco Piniers es, fundamentalmente, el seguimiento de los
camiones que contengan escombros por parte de la policía y
la vigilancia en los montes de los técnicos medioambientales
de la empresa municipal Obimasa.
Redondo considera “insuficientes” esta medidas y no entiende
“para qué se creo entonces la policía medioambiental si
antes también la policía se encargaba de atender estas
actividades”.
La consejera de Medio Ambiente, Yolanda Bel, ya anunció en
abril que quería crear un unidad especializada de la Policía
Local dependiente de su Consejería y que el asunto sería
tratado en una de las reuniones con la Consejería de
Gobernación. Medio Ambiente es la encargada de sancionar los
delitos que incumplan las ordenanzas de su área pero
requiere para ello una denuncia previa realizada por la
policía.
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