“Vamos a pedir que se haga una ordenanza específica de
instalaciones con radiación ionizante” aseveró ayer el
presidente de Septem nostra, Jose Manuel Pérez Rivera. En
Melilla ha habido un caso en el barrio de La Libertad donde
la ubicación de una antena de este tipo era desconocida por
los inquilinos del bloque. La antena estaba tapada por una
chimenea blanca y los vecinos aseguraron sufrir cefaleas:
“Nosotros no hemos encontrado irregularidades de este tipo
en Ceuta pero tampoco las hemos buscado”.
Existen estudios tanto en contra como a favor de los
posibles perjuicios para la salud que provocan este tipo de
instalaciones. Ecologistas en Acción ha pedido una
modificación de la Ley Sobre Instalaciones de
Telecomunicación de ámbito estatal y cita los efectos
adversos: cefaleas, insomnio, alteraciones del
comportamiento, ansiedad. depresión, cáncer o leucemia
infantil. Pérez Rivera cree que ante la confrontación de
opiniones en los estudios debe prevalecer “la prevención,
las administraciones en este caso siempre escuchan a los que
niegan los problemas”.
La consejera de Sanidad, Adela Nieto, ha destacado “la
necesidad de atender este tipo de contaminación, casos como
la acústica o la electromangnética”. Los técnicos de la
Consejería están realizando un estudio sobre la cantidad y
la ubicación de las antenas de telefonía móvil existentes en
Ceuta contemplado en el Plan de Salud.
La consejera de Medio Ambiente, Yolanda Bel, ha manifestado
que la asociación ecologista Septem Nostra “puede presentar
perfectamente la propuesta a la Consejería presentando un
borrador” y que la iniciativa no se quede sólo “en la
prensa”.
Ecologistas en Acción presentó varias propuestas el Día de
la Contaminación Electromagnética para variar la ley
actualmente establecida. Quieren que las operadoras tengan
la obligación de contratar un seguro de reponsabilidad
civil; que se exija un canon por el uso de espacio
radioeléctrico, cuyos ingresos se destinen a la vigilancia
del cumplimiento de la propia normativa sobre radiación
electromagnética; endurecer la cuantía de las multas por
incumplimiento; y reducir las emisiones cercanas a centros
particularmente sensibles como los colegios, hospitales y
geriátricos.
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